La reforma judicial que permitirá elegir a jueces y magistrados mediante voto popular plantea un desafío económico para el estado, aseguro el diputado Gerardo Aguado, presidente de la Comisión de Presupuesto.
Este ejercicio, nunca antes realizado, exige un análisis detallado de costos y una gestión eficiente de los recursos públicos para no comprometer las finanzas estatales
“Es un ejercicio atípico que no estaba contemplado en el presupuesto. Ahora debemos discutir cuánto costará esta elección extraordinaria y cómo garantizar que se lleve a cabo de manera responsable”, señaló Aguado
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Uno de los mayores gastos será la impresión de boletas, ya que cada votante recibirá cuatr
Un punto que el legislador considera crucial para analizar donde también se deberán definir estrategias para garantizar transparencia, piso parejo y motivar la participación ciudadana.
“Tenemos que organizar una elección que cumpla con los estándares de transparencia y que, al mismo tiempo, no afecte las finanzas del estado”
“Es importante economizar, pero sin comprometer la calidad del proceso”, comentó Aguado
A pesar de la intención de mejorar el Poder Judicial, Aguado cuestionó si esta elección es la solución adecuada.
“La ciudadanía pedía reformas porque el sistema es perfectible, pero no necesariamente llevar a los jueces a las urnas. Esto implica un gasto significativo y no garantiza interés ciudadano en el proceso”, afirmó.
El legislador reiteró que la prioridad es planear con responsabilidad para garantizar un proceso transparente y eficiente.
“El reto es encontrar el equilibrio entre eficiencia y transparencia sin comprometer los recursos del estado”, concluyó
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