Coahuila se prepara para un proceso inédito en la historia del país: la elección de jueces, juezas, magistradas y magistrados mediante el voto ciudadano.
Así lo dio a conocer Miguel Mery Ayup, presidente magistrado del Poder Judicial, tras una reunión con el sector empresarial donde se discutieron las inquietudes y detalles sobre la implementación de esta reforma.
Durante el encuentro, Mery Ayup destacó la importancia de homologar la legislación federal con la local, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, para garantizar un proceso eficiente y con apego al Estado de Derecho
Explicó que en el ámbito local las elecciones se realizarán mediante listas cerradas, en lugar de una selección individualizada, lo que permitirá mayor orden en la votación.
El sector empresarial expresó preocupaciones sobre el formato de la boleta electoral, la duración de las campañas y la logística del proceso.
“Fue una reunión muy positiva. Creo que disipamos muchas dudas y celebro que las empresarias y empresarios estén interesados en este tema. Nos aseguraremos de atender todas las inquietudes para que el proceso sea claro y accesible para la ciudadanía”, afirmó Mery Ayup.
En cuanto a la Ciudad Judicial de Saltillo, el presidente magistrado informó que el proyecto avanza conforme a lo previsto y se espera que esté concluido en septiembre
“Este espacio reunirá la justicia civil, familiar, mercantil y laboral en un solo lugar, similar a lo que ya tienen estados como Guanajuato, Oaxaca y Chihuahua. Será un cambio significativo para la impartición de justicia en la entidad”, señaló.
Sobre el presupuesto necesario para la elección, Mery Ayup reconoció que aunque el financiamiento federal no está completamente definido, el gobierno estatal dispondrá de recursos propios para llevar a cabo el proceso de la manera más austera posible.
“El costo de esta elección a nivel nacional podría alcanzar los nueve mil millones de pesos, un monto considerable. Nosotros haremos lo posible por minimizar el impacto financiero en Coahuila”, concluyó.
La elección de jueces y magistrados en el estado marcará un precedente en la historia judicial del país, con el reto de garantizar transparencia, profesionalismo y confianza en la designación de los impartidores de justicia
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