El gobierno de Estados Unidos afirmó que la entrega de 29 presos por parte de México, incluidos Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Treviño, fue una respuesta a la orden ejecutiva de Donald Trump. Esta orden declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Emil Bove, fiscal general adjunto interino de EE.UU., destacó que las acciones fueron parte de una estrategia de negociación fuerte desde la Casa Blanca.
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El Departamento de Justicia señaló que consiguió la custodia de estos individuos, entre los que se encuentran líderes de cárteles de droga, quienes enfrentan graves cargos, como crimen organizado, tráfico de drogas, asesinato, lavado de dinero, entre otros.
Los acusados extraditados incluyen a líderes de importantes cárteles como el de Sinaloa, CJNG, Los Zetas y el Cártel del Golfo. La fiscal general Pamela Bondi expresó que estos grupos deben considerarse terroristas, y el Departamento de Justicia se comprometió a destruirlos y enjuiciar a sus miembros con todo el peso de la ley.
“Como ha dejado claro el presidente Trump, los cárteles son grupos terroristas y este Departamento de Justicia está dedicado a destruir los cárteles y las pandillas transnacionales. Enjuiciaremos a estos criminales con todo el peso de la ley”.
Kash Patel, director del FBI, subrayó que su agencia buscará a estos delincuentes en cualquier lugar del mundo: “La era de dañar a los estadounidenses y andar libres terminó”.
Además, Emil Bove mencionó que esta operación rinde homenaje a las víctimas de la violencia de los cárteles, como el agente de la DEA Enrique Camarena, el sheriff adjunto Byrd y otras víctimas.
En su comunicado, el Departamento de Justicia destacó la extradición de Rafael Caro Quintero.
“Caro Quintero, un capo del cártel que desató la violencia, la destrucción y la muerte en los Estados Unidos y México, ha pasado cuatro décadas en la cima de la lista de fugitivos más buscados de la DEA, y hoy podemos decir con orgullo que ha llegado a los Estados Unidos, donde se hará justicia”, mencionó el administrador interino de la DEA, Derek S. Maltz.
La extradición de estos 29 fugitivos también responde a solicitudes de largo tiempo de Estados Unidos que no atendieron durante la administración anterior. El actual gobierno mexicano accedió a transferirlos tras los esfuerzos coordinados con el Departamento de Justicia, en línea con la política de Trump y su Orden Ejecutiva 14157.
Además los fiscales federales evaluarán si los cargos adicionales de terrorismo y violencia son apropiados con base en la política establecida en la Orden Ejecutiva 14157, también la posibilidad de que este disponible la Orden Ejecutiva 14161, la cual reestablece la pena de muerte y protección de la seguridad pública.
