La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, en coordinación con los municipios, ha reforzado la supervisión de recicladoras en todo el estado para garantizar que estas empresas operen bajo las medidas de seguridad necesarias y prevenir incidentes mayores como incendios.
Así lo informó Ramiro Durán, director estatal de la dependencia, quien precisó que actualmente hay cerca de 200 recicladoras registradas que cumplen con los protocolos correspondientes.
“A nosotros nos competen las recicladoras, pero lo hacemos en conjunto con los municipios, hay una buena relación con los 38 municipios”, explicó Durán
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Al señalar que los negocios formales deben contar con su programa de Protección Civil y una póliza de seguro, aunque reconoció que las aseguradoras frecuentemente se niegan a emitirles cobertura.
“En la mayoría de las recicladoras, las aseguradoras no les emiten una póliza, no son aptos para tener una póliza de seguro de responsabilidad civil”
Ante esta situación, Protección Civil exige que, al menos, los propietarios presenten una negativa de cobertura emitida por una aseguradora y una responsiva ratificada ante notario público, con la cual asumen la responsabilidad en caso de un siniestro
Durán también alertó sobre la presencia de recicladoras clandestinas, que operan sin las medidas de seguridad básicas y representan un riesgo considerable.
“Ahí invitamos a la sociedad que nos ayude reportándolas a la Subsecretaría para que nosotros podamos actuar”, exhortó.
El funcionario estatal detalló que mantienen un trabajo coordinado con los municipios para identificar y actuar contra estos establecimientos ilegales
“Tuvimos una reunión hace unos días con el director de Protección Civil municipal de aquí de Saltillo, también lo hemos hecho con Ramos Arizpe y con Arteaga, para que nos ayuden ellos como Protección Civil municipal a identificarlas y que podamos actuar en conjunto”, indicó.
Actualmente, el número exacto de recicladoras clandestinas es incierto, pero la estrategia es sumar esfuerzos para detectarlas y clausurarlas si no cumplen con las normas de seguridad.
“La idea es trabajar en conjunto con los municipios para que ellos nos ayuden a detectarlas y que podamos clausurar si no cuenta con las medidas necesarias”
Durán enfatizó que este esfuerzo no busca deslindar responsabilidades entre Estado y municipios, sino coordinar acciones para garantizar la seguridad de la población y la legalidad en el funcionamiento de las recicladoras
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