En medio de la peor sequía registrada en décadas en el norte del país, el robo de agua se ha convertido en un problema creciente. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en los últimos cinco años se han detectado más de cinco mil tomas clandestinas, casi el triple de las que se identificaban hace un lustro.
El impacto de esta práctica ilegal se ha sentido con mayor fuerza en estados como Chihuahua, donde la falta de agua ha golpeado severamente a los sectores productivos. Según datos oficiales, en esa entidad se detectaron más de dos mil 200 tomas irregulares, afectando principalmente a zonas de riego agrícola.
La situación no es aislada. En la Cuenca del Río Bravo —que incluye a Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila—, también se ha observado un aumento preocupante. Sólo en el último año, el número de tomas clandestinas en esta región se duplicó, alcanzando un registro de mil 100 casos.
Ante esta problemática, líderes de organizaciones rurales han expresado su preocupación y han llamado a defender el recurso hídrico. “Pelearemos con uñas y dientes si es necesario para defender cada gota de agua de Coahuila”, afirmó Jacinto Samuel, representante de la Federación Estatal de Propietarios Rurales.
Las autoridades estatales y federales han reiterado su compromiso de reforzar los operativos de inspección y sancionar a quienes realicen tomas ilegales, en un esfuerzo por proteger el acceso al agua en las comunidades más afectadas.
El robo de agua no sólo agrava la crisis hídrica que viven las regiones norteñas, sino que también pone en riesgo la producción agrícola, el abastecimiento urbano y el bienestar general de miles de familias.