Con el objetivo de garantizar un acceso real, efectivo y gratuito a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad, el diputado Alberto Hurtado presentó una iniciativa con proyecto de decreto
Para reformar el artículo 3 de la Ley del Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila, a fin de establecer como obligación permanente
“En Coahuila, aunque contamos con un Instituto de Defensoría Pública robusto en estructura y funciones, aún existen muchas personas que no pueden trasladarse a las cabeceras municipales o sedes judiciales para solicitar asistencia legal
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Por eso es urgente acercar estos servicios a quienes más lo necesitan”, señaló Hurtado Vera durante su exposición de motivos
La propuesta consiste en adicionar una fracción V al artículo 3 de dicha ley, para que el Instituto organice brigadas jurídicas itinerantes o instale módulos temporales
De atención legal en zonas de alta marginación, con una frecuencia mínima de una vez por semana.
Estas brigadas atenderían asuntos en materia penal, civil, familiar, administrativa y agraria, de manera gratuita
Como lo establece el principio de gratuidad que rige a la defensoría pública
“El acceso a la justicia no debe ser un privilegio reservado para quienes viven en las grandes ciudades o tienen recursos para trasladarse”
Debe ser un derecho garantizado para todas y todos los coahuilenses, sin importar su situación económica o geográfica”, sostuvo el legislador
Hurtado Vera subrayó que esta reforma busca materializar el mandato constitucional de acceso universal a la justicia, fortaleciendo la presencia del Estado en las comunidades más alejadas
“No basta con tener defensoría pública en las cabeceras municipales. Hay que llevar la justicia a la puerta de la gente que más la necesita”, concluyó.
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