Saltillo, Coah. — El Congreso del Estado de Coahuila se prepara para analizar una iniciativa ciudadana que busca reformar el marco legal para sancionar la difusión de canciones que hagan apología del delito o que contengan mensajes que inciten a la violencia, discriminación o denigración hacia las mujeres.
La propuesta fue impulsada por los abogados Juan Manuel González Zapata y Aldo Fabián Rivas Alvizo, quienes plantean modificaciones al Artículo 337 del Código Penal del Estado de Coahuila. En esencia, se propone establecer sanciones penales y económicas a quienes, por medio de expresiones artísticas, exalten, justifiquen o glorifiquen actos delictivos, así como a quienes emitan mensajes que vulneren la dignidad e integridad de las personas.
Según el documento, la iniciativa busca combatir los contenidos que, bajo el amparo de la libertad de expresión, contribuyen a la normalización de la violencia, el crimen organizado y la misoginia, como ocurre en muchos narcocorridos o géneros que presentan a la mujer como objeto o víctima constante.
De aprobarse, la reforma permitiría sancionar con penas de cárcel y multas económicas a quienes difundan públicamente canciones, videos u otras formas de expresión que inciten a cometer delitos o que fomenten conductas vejatorias o discriminatorias. La medida alcanzaría tanto a los creadores como a quienes reproduzcan este tipo de contenidos en espacios públicos o medios de comunicación.
El obispo de Saltillo, Hilario González García, expresó su respaldo a la iniciativa y exhortó a los legisladores a abordarla con responsabilidad.
“El Congreso debe actuar con apego a la justicia y a la verdad, buscando siempre el bien común y el respeto a la dignidad humana”, declaró.
Los proponentes de la iniciativa afirman que en un país como México, que enfrenta altos niveles de violencia, es urgente establecer límites claros para que las expresiones culturales no sirvan como vehículo para exaltar el delito ni para perpetuar estereotipos dañinos. Asimismo, recalcan que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y que los niños merecen crecer en un entorno de paz y respeto.
La propuesta ha generado un amplio debate en la sociedad coahuilense, donde se confrontan las posturas sobre la libertad de expresión y la necesidad de proteger a la comunidad de contenidos que pueden tener un impacto negativo en la convivencia y la percepción de la legalidad.