Saltillo. – El abogado Édgar Ubaldo Ruiz Castillo, quien figura actualmente como candidato a magistrado federal en Coahuila, enfrenta un proceso judicial luego de ser señalado por su presunta participación en una demanda laboral fraudulenta que habría causado un perjuicio millonario al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
De acuerdo con información oficial, el pasado 16 de febrero de 2025, Ruiz Castillo, en su calidad de ex auxiliar dictaminador adscrito a la Junta Especial 42 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, delitos contra la administración de justicia, y faltas cometidas por litigantes, patronos y abogados.
La acusación se relaciona con una demanda laboral, en apariencia simulada, presentada durante su paso por la JFCA, mediante la cual se intentó obtener el pago de 29.7 millones de pesos a costa del ISSSTE. Este caso forma parte de una red de acciones judiciales fraudulentas que habrían operado durante el sexenio anterior y que, según estimaciones preliminares, provocaron un daño patrimonial superior a los 3 mil millones de pesos al erario federal.
Ruiz Castillo, quien actualmente busca integrarse al Poder Judicial de la Federación como magistrado, habría intervenido en la elaboración de dictámenes que facilitaron la admisión y avance de demandas con documentación presuntamente falsa o carente de sustento legal.
El escándalo forma parte de una investigación más amplia por parte de instancias federales, incluida la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), que han rastreado patrones de corrupción en diversos tribunales laborales del país.
Pese al proceso en curso, Ruiz Castillo no ha sido inhabilitado oficialmente de participar en procesos de selección judicial, aunque expertos en derecho administrativo y penal advierten que su situación legal podría ser un obstáculo insalvable para ocupar un cargo de esta naturaleza.
Autoridades federales han reiterado su compromiso con el combate a la corrupción en todas sus formas y han enfatizado que los responsables de estos desfalcos deberán rendir cuentas, independientemente de sus aspiraciones o cargos públicos actuales.
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