La indignación y el dolor se apoderaron este miércoles de las inmediaciones del Centro de Justicia Penal en Frontera, donde familiares y amigos de Marco Antonio García Moreno, joven padre que perdió la vida en un trágico accidente vial, se manifestaron con carteles y gritos de justicia, exigiendo que el proceso legal contra el presunto responsable no quede en la impunidad.
El clamor surgió luego de que la juez Marina Galindo determinara otorgar libertad a Pablo Antonio Morales, el conductor que embistió la motocicleta en la que viajaban Marco Antonio y su esposa, Litzi Yamileth, en una avenida de la colonia Occidental. La colisión resultó mortal para Marco, mientras que Litzi sufrió múltiples fracturas y permanece en recuperación. Morales fue liberado sin medidas cautelares, salvo la obligación de firmar una vez al mes ante el Centro de Justicia Penal.
La decisión de la jueza ha causado profundo malestar entre los familiares de la víctima, quienes aseguran que el criterio utilizado —el hecho de que Pablo Antonio sea considerado un hombre responsable, trabajador, padre de familia y con una boda en puerta— no justifica que se le permita seguir en libertad tras causar una muerte.
“Mi hijo también era un hombre ejemplar, trabajador, padre amoroso. ¿Por qué su vida vale menos?”, expresó con lágrimas en los ojos Irma Moreno, madre de Marco Antonio. A su lado, su esposo Gerardo García fue contundente: “Creemos que aquí hubo sobornos, no vamos a descansar hasta que Pablo Antonio esté donde debe estar: en la cárcel.”
La manifestación se mantuvo pacífica, pero cargada de un dolor que trasciende lo personal. Con pancartas en mano y gritos como “¡Queremos justicia!” y “¡La vida de Marco vale más que una firma al mes!”, decenas de personas exigieron que el caso se reabra y se revise el fallo judicial que, a su parecer, protege al responsable en lugar de amparar a las víctimas.
La familia García-Moreno anunció que acudirá a instancias estatales y nacionales de derechos humanos para exigir una revisión del caso y denunciar lo que consideran una muestra clara de impunidad. Aseguran que no buscan venganza, sino justicia proporcional al daño causado.
Mientras tanto, la comunidad de Frontera se suma al llamado de los afectados, generando un movimiento ciudadano que exige un sistema judicial más equitativo, donde la vida de una persona no sea medida por la ocupación, el estatus familiar o la cercanía de una boda.
En Frontera, el dolor de una pérdida se convirtió en un grito colectivo: “Marco Antonio merece justicia, no olvido.”