El diputado Alfredo Paredes envió un exhorto al Congreso de la Unión para que, RVOE a través de las comisiones correspondientes, se analicen y propongan reformas legislativas que establezcan sanciones más severas y efectivas
Contra las universidades que imparten carreras y posgrados sin contar con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), o sin cumplir con los estándares mínimos de calidad educativa.
En tribuna, Paredes retomó el contenido de una proposición con punto de acuerdo presentada el pasado 3 de junio, en la que ya se abordaba la gravedad del problema.
“El problema empieza cuando lo que se persigue es solamente el lucro, el negocio, y no la calidad mínima en la educación impartida”, señaló, y subrayó que muchas de estas instituciones carecen de instalaciones adecuadas, tecnología moderna, planes de estudio serios y personal docente capacitado
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“Lo más grave es cuando además de esas carencias, se engaña a los estudiantes ofreciéndoles carreras para las que no se cuenta con autorización oficial. Se cae en conductas fraudulentas que impactan gravemente en los derechos y planes de vida de los estudiantes”, expresó el legislador.
En su intervención, añadió que estas prácticas afectan no solo a los jóvenes, sino también a sus familias, quienes muchas veces invierten grandes cantidades de dinero y tiempo sin obtener un título válido.
Paredes fue enfático al mencionar que incluso hay universidades sin infraestructura que imparten carreras de alta complejidad como medicina, biología e ingenierías, sin contar con los recursos materiales ni humanos para garantizar la calidad educativa.
“¿Cómo es posible que una escuela sin laboratorios, sin médicos docentes, pueda formar profesionales de la salud?”, cuestionó
El legislador reconoció que no existen estadísticas claras sobre cuántas instituciones carecen de RVOE o incumplen con los estándares, pero recalcó que el problema ha sido señalado desde 2016 por organismos como la ANUIES y el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho (Conaed).
“Hay dos problemas legislativos de fondo: la laxitud en los requisitos para autorizar universidades y la ausencia de sanciones reales cuando se cometen fraudes educativos”, dijo.
Finalmente, hizo un llamado a establecer un marco jurídico claro, progresivo y proporcional en materia de sanciones administrativas, fiscales, civiles e incluso penales para este tipo de instituciones
“¿Cuáles son las sanciones? ¿Multas? ¿Apercibimientos? ¿Cierre de la universidad? ¿Reembolso del dinero a los alumnos?”, cuestionó. “No hay respuestas claras. Los derechos de los estudiantes quedan en el aire”.
Con este exhorto, Alfredo Paredes busca que el Congreso federal actúe con firmeza y proteja a miles de jóvenes mexicanos de ser víctimas de universidades fraudulentas
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