La diputada Beatriz Fraustro presentó un exhorto dirigido al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, solicitando una revisión estructural y operativa de sus procedimientos de solicitud de protección, evaluación de riesgos y determinación de medidas de seguridad.
El objetivo, señaló, es garantizar la máxima eficacia en la salvaguarda de quienes, en el ejercicio de su labor periodística, son víctimas de agresiones físicas, amenazas o ataques digitales.
La legisladora subrayó que la libertad de expresión es un indicador del nivel de tolerancia e intolerancia social, así como de la capacidad de los gobiernos y la ciudadanía para aceptar la crítica. Sin embargo, en el contexto actual, ejercer el periodismo en México se ha convertido en sinónimo de riesgo, persecución e incluso muerte.
Citando datos de las Naciones Unidas, Fraustro recordó que entre 2006 y 2024 más de mil 700 periodistas han sido asesinados en todo el mundo, y que en el 85% de los casos los crímenes no llegaron a los tribunales.
Además, una encuesta de la UNESCO reveló que el 73% de los profesionales de los medios entrevistados han sido víctimas de violencia en internet derivada de su labor.
En el ámbito nacional, las cifras son alarmantes: cada 14 horas se agrede a una persona periodista en el país. Tan solo en lo que va del año, se han registrado 639 agresiones contra medios de comunicación y comunicadores, incluyendo homicidios, lesiones, desapariciones, hostigamiento, amenazas cibernéticas y ataques digitales.
La diputada advirtió que una prensa libre y crítica es un pilar indispensable para el fortalecimiento de las democracias, pero que hoy en México se encuentra en grave peligro.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han exhortado al Estado mexicano a garantizar la protección inmediata de periodistas, quienes con frecuencia se convierten en blanco de ataques por investigar y publicar información sobre redes del crimen organizado, corrupción, inseguridad o denuncias ciudadanas.
Fraustro enfatizó que garantizar un entorno seguro para quienes informan y cuestionan no es únicamente una obligación del Estado, sino también un requisito para asegurar que toda la sociedad pueda ejercer su derecho a estar informada, gozar de libertad de expresión y contribuir a la construcción de un país más justo, transparente y democrático
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