La Comisión de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Humano y Actividades Cívicas del Congreso de Coahuila presentó un dictamen en el que advierte sobre la necesidad urgente de frenar la operación de instituciones de educación superior que ofrecen programas académicos sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) o que incumplen con los estándares mínimos de calidad establecidos en las leyes federales y estatales.
Las y los legisladores señalaron que la educación superior es un derecho humano fundamental y una obligación ineludible del Estado, por lo que garantizar la calidad, equidad y legalidad en la oferta educativa debe ser una prioridad.
Afirmaron que la proliferación de universidades que actúan al margen de la ley constituye una violación directa a los derechos de los estudiantes y un riesgo para el desarrollo profesional, económico y social de la entidad.
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Actualmente, las sanciones previstas en la legislación, como multas, clausuras o medidas administrativas, resultan insuficientes para inhibir esta práctica, que afecta patrimonial y académicamente a miles de jóvenes, además de dañar el prestigio del sistema educativo coahuilense.
Por ello, el dictamen propone reformas a la Ley de Educación del Estado de Coahuila y otros ordenamientos aplicables para tipificar como infracción grave, e incluso delito administrativo o penal, la impartición de programas educativos sin RVOE o sin cumplir con los estándares mínimos de calidad.
Entre las medidas planteadas se encuentran la imposición de multas más severas, la clausura definitiva de planteles y la aplicación de responsabilidades administrativas o penales a las personas físicas o morales responsables.
Asimismo, se propone fortalecer la vigilancia y fiscalización educativa mediante órganos autónomos o colegiados que verifiquen el cumplimiento de los requisitos académicos, otorgando a las autoridades estatales facultades expeditas para suspender o cancelar actividades irregulares.
La Comisión destacó que el RVOE garantiza que un plan de estudios esté alineado con criterios académicos nacionales, que el personal docente cuente con la formación necesaria, que exista infraestructura adecuada y que los títulos emitidos tengan validez oficial ante instancias gubernamentales, educativas y laborales.
Permitir la operación de programas sin este reconocimiento, subrayaron, es un fraude académico que afecta la movilidad, empleabilidad y desarrollo profesional de las y los estudiantes.
Finalmente, se exhortó a las dos Cámaras del Congreso de la Unión a que, a través de las comisiones competentes, analicen y promuevan reformas legislativas a nivel federal para imponer sanciones más severas y efectivas contra universidades que operen sin RVOE o sin cumplir con estándares de calidad, en defensa del derecho constitucional a una educación superior válida, digna y de calidad.
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