El presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión Delegación Coahuila, David Aguillón Rosales, advirtió sobre los riesgos que representa la nueva Ley de Radio y Telecomunicaciones, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión y ya publicada oficialmente.
La normativa contempla la creación de tres nuevas instancias: la Comisión Reguladora de Normatividad de Telecomunicaciones, la Agencia Digital y la Comisión de Competencia, que serán las encargadas de emitir la reglamentación operativa y de supervisar a los concesionarios.
Aguillón señaló que una de las disposiciones más preocupantes es la inclusión, por primera vez en la historia, de la posibilidad de retirar la concesión de radio o televisión como sanción.
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Aunque las autoridades federales han indicado que sería un recurso extremo, consideró que su sola existencia en la ley representa una amenaza latente para la libertad de expresión. “Puede fabricarse un expediente o inventarse acusaciones y tener así un instrumento para presionar a los medios”, advirtió.
Otro punto que inquieta a la industria es la nueva Ley de Derechos de las Audiencias, que obliga a diferenciar explícitamente entre información y opinión en todos los contenidos. Aguillón calificó esta exigencia como inviable en la práctica, al señalar que incluso un silencio, un gesto o una pausa pueden interpretarse como una opinión. “Es algo ridículo y único en el mundo; regularlo así es absurdo”, afirmó.
El dirigente de la CIRT subrayó que la industria de la radio y la televisión defenderá siempre el derecho de los profesionales de los medios a expresar opiniones de manera libre y sin restricciones indebidas.
Asimismo, hizo un llamado a estar atentos a la reglamentación que definirán la Agencia Digital y la Comisión Reguladora, pues ahí se establecerán los criterios y procedimientos para aplicar las sanciones y supervisar contenidos.
Aguillón reiteró que la defensa de la libertad de expresión y de los derechos de las audiencias es una prioridad para el gremio, y que se mantendrán en diálogo permanente con las autoridades para evitar que la ley se convierta en un instrumento de censura. “No vamos a estar de acuerdo con medidas que limiten el derecho ciudadano a recibir información y el derecho de los comunicadores a transmitirla con libertad”, concluyó.
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