La diputada local Edith Hernández Sillas presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los municipios, se refuercen los operativos de verificación en restaurantes, centros de entretenimiento y negocios similares con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación antitabaco.
El llamado surge ante la evidencia de que en múltiples establecimientos de la entidad no se respeta la disposición legal de mantener áreas exclusivas para fumadores, permitiendo que los clientes consuman tabaco en cualquier espacio.
De acuerdo con la Ley para la Protección de los No Fumadores en el Estado de Coahuila, corresponde a la Secretaría de Salud llevar a cabo inspecciones y acciones de vigilancia en este rubro, aunque la misma normativa abre la posibilidad de que los municipios coadyuven en estas tareas mediante campañas conjuntas y visitas periódicas de supervisión.
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En este sentido, la legisladora enfatizó la necesidad de ampliar la cobertura de las revisiones, ya que diversos medios de comunicación han documentado que son numerosos los negocios que incumplen la regulación vigente.
“Es indispensable que se garantice el derecho de las personas no fumadoras a convivir en espacios libres de humo, tal como lo mandata la ley. Para ello, se requiere mayor coordinación entre el Estado y los municipios, que pueden agilizar las inspecciones y ampliar la vigilancia en beneficio de la salud pública”, manifestó Hernández Sillas al presentar su propuesta.
El exhorto busca reforzar la prohibición de fumar en áreas no permitidas y asegurar que los establecimientos mercantiles implementen y respeten las zonas destinadas exclusivamente a fumadores.
Sin embargo, la falta de compromiso de varios negocios que ignoran la normativa no solo vulnera derechos fundamentales de los no fumadores, sino que refleja un claro desdén hacia la salud de sus propios clientes.
En ese sentido, el llamado legislativo apunta a que ya no basta con exhortos o advertencias: se requiere aplicar sanciones más firmes a los establecimientos que, por obtener ganancias, eligen incumplir la ley y poner en riesgo a la población.
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