La Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo un cateo en un plantel de enfermería que operaba sin registro oficial en Saltillo, tras denuncias por presunto fraude académico contra decenas de estudiantes.
El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Urdiñola 653, colonia González Cepeda, donde funcionaba el llamado Instituto de Asistencia Médica IDEAM “Florence Nightingale”, bajo la dirección de Jennifer Joselin Rivera. Con la orden del juez de control Dorian Sarely Martínez Marente, elementos ministeriales, policías estatales y personal militar ingresaron al edificio para asegurar documentos, equipos de videovigilancia, dinero en efectivo y otros indicios relacionados con la investigación.
De acuerdo con fuentes oficiales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) había solicitado desde hace mes y medio a la directora del plantel formalizar el registro oficial de la institución, requisito indispensable para validar cualquier programa académico. No obstante, la responsable se negó, argumentando un supuesto convenio con una universidad reconocida, aunque la documentación presentada carecía de validez oficial.
El plantel ofrecía carreras técnicas en enfermería y otras áreas de la salud, atrayendo a jóvenes que buscaban incorporarse al sector médico. Sin embargo, los programas carecían de reconocimiento oficial, lo que significa que los estudios de los alumnos no tendrían valor ante las autoridades educativas. Hasta el momento, no se ha precisado el número exacto de afectados ni el monto económico del presunto fraude.
El inmueble quedó asegurado por la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar si habrá detenciones contra la directora o colaboradores del instituto. Autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de verificar siempre que las escuelas cuenten con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) antes de inscribirse en cualquier programa académico.
Este caso ha generado indignación entre la comunidad estudiantil y padres de familia, quienes exigen justicia y garantías de que no se repitan prácticas que ponen en riesgo tanto el patrimonio económico como el futuro profesional de los jóvenes en Coahuila.