El diputado Alfredo Paredes presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Educación Pública de Coahuila y a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para implementar de manera inmediata
Una campaña informativa que obligue a las universidades, preparatorias y escuelas técnicas privadas que operan en el estado a exhibir ante sus alumnos los RVOE de los programas que imparten, o bien, que informen con claridad dónde pueden ser consultados.
El legislador subrayó que este llamado busca proteger a los jóvenes y a las familias de la entidad que, en muchas ocasiones, se ven obligados a optar por instituciones privadas ante la falta de espacios en las universidades públicas
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“De cada ciclo escolar, alrededor de 600 mil estudiantes en el país se quedan fuera de universidades estatales o federales y buscan alternativas en el sector privado; es ahí donde debemos garantizar que no sean víctimas de instituciones sin reconocimiento oficial”, advirtió.
De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en 2023 apenas el 51% de los aspirantes a universidades públicas consiguió ingresar.
En 2022, de un millón 449 mil solicitudes, solo 750 mil jóvenes lograron un espacio. Esta situación abre la puerta a que escuelas privadas capten a miles de estudiantes cada año, aunque no siempre con las garantías de calidad y validez necesarias.
Paredes señaló que en fechas recientes se documentó que al menos cinco universidades en Saltillo ofrecían carreras presenciales sin contar con el RVOE correspondiente, incluso en programas de posgrado como maestrías y doctorados
“Se trata de un problema serio que no solo implica pérdida económica para las familias, sino también pérdida de tiempo y de oportunidades para los jóvenes que al final no ven reconocidos sus estudios”, enfatizó.
Aunque existen plataformas oficiales como el Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la SEP federal, así como registros locales de las secretarías estatales
El legislador aseguró que la mayoría de los alumnos y padres de familia desconocen su existencia, mientras que en otros casos las plataformas locales son poco confiables o dejan de actualizarse
Por ello, pidió que las autoridades educativas fortalezcan los mecanismos de verificación, difusión y sanción en contra de quienes incumplen con este requisito, y que los estudiantes puedan conocer en tiempo real si la institución a la que ingresaron cuenta con autorización vigente.
“Se trata de un tema de justicia educativa, de transparencia y de protección a los derechos de los estudiantes”, concluyó Paredes, quien insistió en la necesidad de emprender acciones conjuntas para evitar abusos y garantizar certeza a miles de jóvenes coahuilenses
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