Un anexo que opera entre la secundaria y preparatoria del Instituto Central Coahuila (ICC), en la colonia La Loma, funciona sin permisos de la Secretaría de Salud, confirmó faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 de la dependencia estatal.
Los responsables del centro no han presentado solicitud ni aviso de funcionamiento, primer requisito indispensable para la operación legal de un centro de atención a personas con adicciones.
El funcionario explicó que, para establecer un centro de este tipo, primero se debe obtener un permiso del municipio, el cual verifica la ubicación para el permiso de uso de suelo y recibe el visto bueno de los vecinos. Además, Protección Civil debe realizar inspecciones para garantizar que las instalaciones sean seguras y cumplan con la normativa vigente.
Asimismo, la operación requiere cumplir con regulaciones estatales y federales, incluida la autorización de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), explicó.
Agregó que es indispensable contar con manuales de funcionamiento, personal profesional debidamente capacitado y responsables sanitarios certificados.
Todos los expedientes clínicos de los internos deben estar completos, incluyendo historial de tratamientos y medicamentos, y los menores de edad requieren autorización de padres o tutores.
Informó que actualmente, la región cuenta con nueve anexos oficialmente reconocidos, incluido uno reabierto recientemente en San Buenaventura. El de la colonia la Loma sería el número 10, pero no tiene los permisos.
Las autoridades sanitarias realizan revisiones periódicas que abarcan desde las condiciones de higiene, habitaciones y comedores, hasta la documentación clínica y legal de los internos.
El especialista enfatizó que ninguna persona puede permanecer en el centro en contra de su voluntad y que el cumplimiento de todos los requisitos es indispensable para proteger la seguridad y derechos de quienes reciben tratamiento.
Subrayó que la autorización inicial depende del municipio, encargado de otorgar el permiso de uso de suelo, y posteriormente de la Secretaría de Salud, que valida los estándares sanitarios.