El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para enfrentar el delito de extorsión. La iniciativa busca construir un marco legal unificado que aplique en todas las entidades del país.
Todas las bancadas apoyaron la propuesta al coincidir en que la extorsión es un delito grave que afecta a personas, comunidades y empresas. Ha crecido de forma constante en los últimos años. Con este paso, la reforma será enviada a los congresos estatales para su análisis y votación. En caso de recibir mayoría de respaldo, se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
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Durante la sesión, el senador Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la medida permitirá al Congreso emitir una ley general que unifique criterios. Con ello se pretende cerrar vacíos legales. También establecer coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar este delito bajo un modelo nacional.
La senadora Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, recordó que la extorsión se ha convertido en una fuente de financiamiento del crimen organizado. Señaló que afecta la paz pública, la seguridad de las familias y el patrimonio de millones de mexicanos.
Cifras oficiales muestran un aumento de este delito en la última década. Mientras en 2015 se registraron 400 carpetas de investigación, para 2025 la cifra llegó a 850. Sin embargo, menos del uno por ciento de los casos se denuncian, lo que refleja una alta cifra negra.
La senadora Carolina Viggiano del PRI advirtió que muchas personas viven con miedo de contestar llamadas o abrir negocios debido a la extorsión. Coincidió en que se requiere un marco común que refuerce la confianza ciudadana.
De aprobarse en los congresos estatales, el Congreso de la Unión deberá emitir la ley general contra la extorsión en un plazo de 180 días. Hasta entonces, seguirán vigentes las disposiciones actuales tanto federales como estatales.
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