La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado representa un retroceso para la justicia constitucional del país, al incluir disposiciones que limitan derechos fundamentales, generan incertidumbre jurídica y pueden frenar la inversión y la creación de empleos.
El organismo empresarial reconoció avances en el dictamen, como la incorporación de sanciones a autoridades que incumplan sentencias y la inclusión del interés legítimo colectivo, pero señaló que aún persisten restricciones que afectan tanto a ciudadanos como a empresas.
El juicio de amparo, considerado un instrumento histórico que permitió a México ser referente mundial en justicia constitucional desde el siglo XIX, ha sido fundamental para que pequeños negocios, como papelerías, tortillerías, tintorerías o gimnasios, puedan defenderse frente a abusos de autoridad. COPARMEX sostuvo que cualquier modificación debe fortalecerlo y no limitarlo.
Entre los puntos críticos señalados se encuentra la rigidez en la suspensión del acto reclamado, lo cual debilita la eficacia inmediata del amparo. De acuerdo con el organismo, esto podría afectar a negocios en casos como bloqueos de cuentas bancarias o créditos tributarios, obligándolos a cerrar antes de que se resuelva el juicio.
También se criticó la limitación de garantías, pues la reforma exige depósitos en efectivo o cartas de crédito, excluyendo otras opciones como inmuebles, prendas o negocios en marcha. Este esquema, advierte COPARMEX, favorece solo a quienes cuentan con alta liquidez y deja en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas el motor de la economía mexicana.
Otro de los señalamientos es que, aunque se incorporan sanciones a las autoridades que incumplan resoluciones, la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” sigue siendo ambigua, ya que bastará alegar falta de presupuesto o recursos para no cumplir con una sentencia.
COPARMEX alertó también sobre el artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo cual afectaría incluso a los juicios de amparo actualmente en trámite. Este aspecto, sostuvo, rompe con la certeza jurídica y vulnera principios constitucionales, generando mayor incertidumbre tanto para ciudadanos como para empresas.
El organismo hizo un llamado a la Cámara de Diputados para corregir la reforma, escuchar a la sociedad civil, a la academia, a colegios de abogados y al sector productivo. Señaló que México necesita preservar un juicio de amparo sólido, accesible y eficaz, que garantice el Estado de Derecho, proteja a la ciudadanía y mantenga la confianza en las instituciones.