En el Congreso del Estado de Coahuila se plantea analizar una iniciativa de reforma que busca proteger los bienes de las personas al momento de un divorcio, con el fin de prevenir actos de violencia económica, especialmente contra las mujeres.
La propuesta establece un deber sustantivo de protección patrimonial durante los procesos judiciales de disolución matrimonial, que garantice la igualdad entre cónyuges, la tutela de bienes en disputa y evite maniobras de transferencia oculta de activos.
La legisladora promotora señaló que con frecuencia algunos bienes cambian de nombre a vecinos, familiares o terceros para evadir responsabilidades durante el divorcio. “Que en el juicio y en la resolución se considere la calidad de vida y perspectiva de género, para beneficiar a la familia, sobre todo a los hijos y a la mujer”, expresó.
Además, la reforma pretende dotar de herramientas a los jueces para investigar estas prácticas y garantizar que los bienes se mantengan bajo resguardo, evitando su desaparición o alteración durante el proceso.
El planteamiento también busca incorporar medidas precautorias para asegurar que los bienes relevantes no sean objeto de traslados u ocultamientos antes de que se emita la sentencia final, reforzando la protección patrimonial de quienes atraviesan el proceso de divorcio.
Esta reforma representa un paso hacia la equidad jurídica en procesos familiares y responde a demandas sociales para enfrentar la violencia económica que afecta a muchas mujeres durante la disolución matrimonial, cuando su capacidad de defensa patrimonial queda limitada.