Durante la primera audiencia pública sobre la Ley de Amparo, abogados y especialistas destacaron la necesidad de realizar ajustes a la legislación aprobada por el Senado.
La reunión fue organizada por las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Allí, los expertos expusieron errores técnicos y señalaron riesgos para la protección de derechos de los ciudadanos.
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Juan Pablo Gómez Fierro, ex juez de distrito, destacó que el concepto de “interés público” debilita el juicio de amparo, que históricamente protege a las personas frente a actos de autoridad. Señaló que la eliminación de la suspensión del procedimiento legal podría dejar a los ciudadanos expuestos a decisiones arbitrarias antes de obtener resolución judicial.
Andrés Aguinaco Gómez Mont, abogado, reconoció la importancia de investigar posibles delitos financieros, pero advirtió que la ley debe proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles excesos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Señaló que la UIF ha perseguido activistas, opositores y jueces sin procesos judiciales claros.
José Barrios Moreno, de la Escuela Libre de Derecho, pidió a los legisladores actuar con cautela. Afirmó que limitar la suspensión o el acceso a la justicia podría afectar profundamente la protección de derechos fundamentales. Sugirió modificaciones al artículo 129, fracción décimo sexta, sobre la suspensión, para evitar decisiones arbitrarias que afecten permisos, concesiones o autorizaciones.
Víctor Manuel Solís señaló que la UIF puede recabar información mediante procedimientos existentes sin violar la ley. Subrayó que los ciudadanos deben ser notificados para poder defender sus derechos efectivamente.
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