La presidenta de la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Edna Dávalos, informó que el proceso de revisión de las cuentas públicas se encuentra en la etapa final, donde los municipios deben atender las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado antes de que concluya octubre.
“Ya les llegaron a los ayuntamientos las observaciones que corresponden a cada uno de los municipios. Ahora toca el tiempo de solventaciones. Terminan estas solventaciones y se arma el informe”, explicó Dávalos.
La legisladora destacó que esta fase es crucial, ya que de ello depende la correcta integración del informe final que será entregado en diciembre por la Auditoría.

“Todo el mes de octubre va a ser el cierre. Es importante que los ayuntamientos estén muy pendientes y solventen correctamente”, subrayó.
Dávalos precisó que el Congreso iniciará en diciembre la revisión de las cuentas públicas del ejercicio 2024, un proceso que se extenderá aproximadamente tres meses, debido a la magnitud del documento que se analiza cada año.
“Es un informe muy extenso, de más de mil páginas, porque se auditan más de 104 entes públicos que reciben presupuesto del Congreso”, detalló

En cuanto a las denuncias contra exalcaldes morenistas o exfuncionarios señalados por presuntas irregularidades, Dávalos aclaró que los procedimientos legales siguen su curso.
“No sé a qué exalcaldes te refieres, pero hay varios que traen denuncias desde 2023. Esos casos no prescriben de inmediato, tienen un proceso y seguramente ya fueron citados y notificados por la Fiscalía”, indicó.
La diputada enfatizó que los tiempos legales deben respetarse, pero que ningún funcionario está exento de rendir cuentas.

“Esto es cuestión de tiempos. Nadie se salva de la ley, nadie está por encima de la ley. Si se cometió un acto de corrupción o se violó la confianza de los ciudadanos, tendrá sus consecuencias”, afirmó.
Finalmente, Dávalos reiteró que la Comisión de Auditoría mantendrá un análisis exhaustivo del informe y dará seguimiento puntual a las observaciones que requieran acciones legales.
“Se trata de garantizar transparencia, rendición de cuentas y respeto al uso del recurso público en beneficio de los coahuilenses”
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