Coahuila avanza nuevamente en la protección integral de mujeres, niñas, niños y adolescentes con una reforma que fortalece las medidas y órdenes de protección, garantizando que ninguna autoridad pueda evadir su responsabilidad frente a un caso de violencia
La diputada local del PRI, Lupita Oyervidez, presentó la modificación al artículo 30 y la creación del artículo 28 Ter dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una adecuación que coloca al estado a la vanguardia nacional en materia de atención, reacción y acompañamiento.
La legisladora explicó que las órdenes de protección son medidas urgentes y cautelares cuyo propósito es salvaguardar la integridad de la víctima y evitar cualquier contacto con su agresor, ya sea directo o a través de terceros
Enfatizó que estas medidas tienen un antecedente jurídico internacional sólido, derivado de la protection order utilizada en países anglosajones, diseñada para proteger eficazmente a víctimas de violencia doméstica y de género.
En su propuesta, Oyervidez establece que las órdenes de protección podrán solicitarse ante cualquier autoridad competente sin importar dónde hayan ocurrido los hechos.
Con ello, elimina excusas territoriales y asegura que ninguna institución pueda negarse a recibir o activar el mecanismo, alineándose con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta medida también habilita la celebración de convenios entre dependencias estatales y federales para garantizar una reacción coordinada
La diputada detalló además que, tras emitir una orden de protección, la autoridad deberá mantener contacto directo con la víctima durante los primeros seis días, cada 24 horas, para supervisar su seguridad.
A partir del séptimo día, se aplicará un plan de seguimiento personalizado según la valoración del riesgo.
Este enfoque, además de jurídico, forma parte del modelo Coahuila de atención y prevención: un esquema basado en coordinación, cercanía institucional y reacción inmediatO
Contrario a la crisis nacional donde los mecanismos de protección suelen quedarse cortos o tardíos frente al incremento de violencia contra mujeres.
En Coahuila, aseguró la diputada, existe voluntad política, una estructura funcional y sensibilidad para actuar antes de que la agresión escale.
Oyervidez destacó que la reforma obliga a las instituciones involucradas —incluyendo la Fiscalía, el Poder Judicial y las autoridades administrativas— a garantizar, monitorear y ejecutar las medidas de protección con personal, insumos y acciones verificables, consolidando un control permanente y más estricto sobre cada caso
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