Integrantes de distintos colectivos de padres realizaron una manifestación en el centro de Saltillo para exigir justicia adecuada y denunciar presuntas irregularidades, obstrucción de convivencias y tráfico de influencias en el Juzgado Segundo Familiar del Poder Judicial del Estado.
Los manifestantes, agrupados en organizaciones como “No más Hijos Rehenes”, “Juntos por Nuestros Hijos” y “Padres por la Verdad”, cerraron momentáneamente las avenidas Francisco Coss y Emilio Carranza como medida de presión para visibilizar sus casos y exigir atención de las autoridades.
La abogada Brenda de la Peña, representante de uno de los colectivos, señaló que los padres han identificado un patrón de decisiones judiciales que obstruyen las convivencias entre padres e hijos. Explicó que, de acuerdo con los casos documentados por su organización, muchas convivencias son negadas tras denuncias que consideran falsas, lo que vulnera los derechos de los progenitores a relacionarse con sus hijos.
De la Peña afirmó que su agrupación conoce al menos 60 casos de este tipo entre Saltillo y Monclova, y que otras organizaciones suman entre 68 y 90 expedientes con situaciones similares en Saltillo y Torreón. Señaló que algunos afectados no denuncian por miedo a represalias o a que sus procesos se retrasen aún más.
Uno de los casos expuestos durante la protesta corresponde a un menor identificado como “Juanito”, cuya madre, según los colectivos, ha presentado denuncias consideradas como falsas y ha dificultado las convivencias. Además, se acusó que una familiar de la madre, empleada en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, habría intervenido con magistrados y el juez a cargo para influir en las decisiones.
Los padres demandaron la remoción del juez Carlos Moreno, titular del Juzgado Segundo Familiar, al asegurar que tras solicitar su excusa en el caso debido a presuntas señales de parcialidad este habría exigido una cantidad económica para excusarse, pese a que la petición se había presentado con antelación.
Durante la protesta también se mencionó otro caso, el del doctor Johny Robles, quien lleva más de un año luchando por convivir con sus hijos, trasladados sin su consentimiento a Colima, y quien señaló que las decisiones judiciales han favorecido a una de las partes sin atender argumentos de fondo.
Los colectivos exigieron al Poder Judicial y al gobernador del estado intervenir para garantizar procesos judiciales imparciales y transparentes y advirtieron que, de no atender sus demandas, presentarán acciones legales adicionales.