La diputada local del PRI, Lupita Oyervidez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objetivo de incorporar de manera expresa el enfoque interseccional en la aplicación de políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
La legisladora explicó que, si bien la ley estatal contempla el principio de no discriminación, no desarrolla de forma clara la obligación de considerar las múltiples condiciones que atraviesan la vida de las mujeres, como la etnia, el idioma, la edad, la condición social, la salud, la discapacidad o la preferencia sexual.
Esta omisión, señaló, limita la efectividad de las acciones del Estado y genera una brecha normativa frente a lo que ya establece la legislación federal.
Oyervidez recordó que el artículo 35 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce que la violencia no se vive de manera uniforme y que, por lo tanto, la respuesta institucional no puede ser homogénea.

En ese sentido, subrayó que legislar sin enfoque interseccional invisibiliza a miles de mujeres que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad y exclusión.
La reforma propuesta busca fortalecer el marco jurídico estatal, obligando de manera expresa a que todas las medidas que lleve a cabo el Estado incluyan un análisis interseccional
Garantizando así que las políticas públicas sean incluyentes, diferenciadas y efectivas, con un enfoque claro de derechos humanos.
La diputada precisó que esta iniciativa no crea nuevos derechos, sino que hace exigibles los ya reconocidos, dotando al Sistema Estatal de herramientas claras para diseñar acciones que respondan a la diversidad real de las mujeres en Coahuila.

“Las mujeres no somos un concepto abstracto ni homogéneo; somos diversas y esa diversidad debe reflejarse en la ley”, enfatizó.
Finalmente, Lupita Oyervidez afirmó que avanzar hacia la igualdad sustantiva exige acciones concretas, no solo declaraciones formales.
Incorporar la interseccionalidad al marco legal, dijo, es una obligación democrática y ética
Que permitirá garantizar que todas las mujeres, sin excepción, puedan acceder a una vida libre de violencia y ejercer plenamente sus derechos.
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