La diputada local del PAN, Blanca Lamas, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 238 Bis al Código Penal del Estado de Coahuila, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera directa la cohabitación forzada, una práctica que persiste pese a la prohibición del matrimonio infantil y que vulnera gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes
La propuesta busca armonizar la legislación penal local con el marco federal y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, particularmente en materia de protección de los derechos de la niñez y de las mujeres
De acuerdo con el análisis presentado ante el Congreso, la ausencia de este tipo penal ha permitido que continúen prácticas que colocan a menores de edad en contextos de abuso, subordinación, violencia y exclusión social, sin consecuencias jurídicas claras para los responsables
La iniciativa reconoce que la cohabitación forzada constituye una forma de violencia estructural, ya que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y emocional, así como el derecho a una vida libre de violencias
Estas conductas afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes, quienes suelen ser obligadas a convivir en condiciones equiparables al matrimonio, aun sin contar con la madurez ni la capacidad para comprender o resistir el hecho
El proyecto legislativo establece que comete el delito de cohabitación forzada quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a personas menores de dieciocho años —o a quienes no tengan capacidad para comprender el significado del acto o resistirlo— a unirse de manera informal o consuetudinaria con otra persona, sea de su misma edad o mayor, con el fin de convivir de forma constante
La pena propuesta es de ocho a quince años de prisión, además de mil a dos mil quinientos días multa, enviando un mensaje claro de que Coahuila no tolerará prácticas que perpetúan la violencia de género ni la vulneración de los derechos de la infancia.
Asimismo, se contempla un incremento de hasta la mitad de la pena cuando la víctima pertenezca a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, como una medida de protección diferenciada que atiende contextos de vulnerabilidad histórica.
Desde el derecho comparado, la iniciativa se alinea con reformas ya implementadas en otras entidades federativas, donde se reconoce que la cohabitación forzada es una violación grave a los derechos humanos
Y una práctica que debe erradicarse mediante herramientas penales claras y eficaces
Con esta propuesta, la diputada Blanca Lamas subraya que la falta de homologación normativa debilita la protección de las víctimas y genera vacíos legales que permiten la impunidad.
La reforma plantea un paso firme hacia un marco jurídico más coherente, que responda al principio de progresividad de los derechos humanos y coloque al Estado del lado de las niñas, niños y adolescentes
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