La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado emitió un dictamen favorable a la iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley de la Comisión para la Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Coahuila, presentada por el gobernador constitucional, Manolo Jiménez Salinas.
De acuerdo con el dictamen, el diseño normativo de esta nueva ley fortalece de manera directa el modelo de garantía efectiva del derecho humano a la salud, al incorporar una lógica preventiva, restaurativa y no adversarial, alineada con los principios del Estado constitucional y democrático de derecho.
La Comisión destacó que la atención de conflictos en materia médica requiere mecanismos especializados, sensibles y técnicamente adecuados, dada la naturaleza de los bienes jurídicos involucrados, como la vida, la integridad personal y la dignidad humana.
El documento subraya que el acceso a mecanismos alternativos de solución de controversias constituye una expresión concreta del derecho de acceso a la justicia en sentido amplio, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal.
En ese sentido, la creación de una instancia especializada en mediación, conciliación y arbitraje médico responde a la necesidad de ofrecer vías eficaces que eviten procesos judiciales largos y costosos, privilegiando el diálogo, la reparación del daño y la mejora en la calidad de la atención médica.
La Comisión legislativa consideró jurídicamente pertinente que la nueva Comisión opere como un órgano desconcentrado, con autonomía técnica y de gestión.
Este esquema, señala el dictamen, permite una mejor coordinación con el sistema estatal de salud, sin comprometer la imparcialidad y objetividad en la emisión de opiniones, acuerdos y laudos.
Además, favorece la eficiencia administrativa, el uso responsable de recursos públicos y la coherencia en la implementación de políticas públicas orientadas a la mejora continua de los servicios de salud.
Otro aspecto destacado es la incorporación de principios rectores claros, como la imparcialidad, confidencialidad, profesionalismo, equidad y transparencia, los cuales dotan de certeza jurídica a las partes y fortalecen la legitimidad institucional del nuevo organismo. Asimismo, se valoró positivamente que los procedimientos sean gratuitos, ágiles y sencillos, lo que contribuye a remover barreras de acceso, especialmente para personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Finalmente, el dictamen precisa que la extinción del organismo público autónomo previo y la creación de esta nueva Comisión no representa un retroceso en la protección del derecho a la salud, sino una reconfiguración institucional orientada a mejorar su funcionamiento y eficacia, garantizando el respeto a los derechos laborales del personal y la continuidad de los asuntos en trámite
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