La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, reconoció que la situación que se vive en torno a los casos de violencia vicaria genera una profunda preocupación social, particularmente por el impacto directo que tiene en niñas, niños y en las relaciones familiares.
“Es muy lamentable la situación que está pasando, sobre todo en torno a los niños; el tema de la niñez y de las relaciones familiares son temas que nos duelen a todas las personas”, expresó la legisladora
Al confirmar que sostendrá reuniones con colectivas para analizar la forma en que actualmente está redactado el Código Penal en esta materia.
Morales recordó que Coahuila fue uno de los primeros estados del país en tipificar la violencia vicaria, al hacerlo en 2013, incluso antes de que existiera un marco nacional claro.
“Cuando se redactó la reforma de la violencia vicaria fuimos de los primeros estados en legislarlo y, de hecho, a nivel nacional no existe tampoco ninguna legislación específica al respecto”, puntualizó
Con el paso del tiempo, explicó, han surgido criterios y jurisprudencias que obligan a revisar la aplicación de la norma.
“Conforme han pasado los años ha habido distintas interpretaciones de la Corte, donde se establece que el término vicario es una violencia de género, como lo contempla la Ley de Acceso, pero el Código Penal permite que cualquier persona que encuadre en el tipo penal pueda ser denunciada, sin importar su sexo”, detalló.
La diputada subrayó que este contexto jurídico exige que las autoridades actúen con estricto apego a la legalidad, pero también con sensibilidad.
“El llamado es a que las autoridades actúen siempre en el marco de la legalidad y con perspectiva de infancias y de género”, enfatizó.
Morales advirtió que en algunos casos, malas asesorías legales pueden agravar los conflictos familiares.
“Lamentablemente, por malas asesorías de algunos abogados, se entorpecen procesos de mediación que podrían centrarse en el bienestar de los hijos”, señaló, al precisar que la mediación no procede cuando existe violencia, pero sí debe privilegiarse cuando se trata de acordar convivencias.
La legisladora fue clara al afirmar que el centro de cualquier decisión debe ser el bienestar de los menores. “No se pueden usar figuras jurídicas creadas para proteger a mujeres e infancias para anteponer intereses de los adultos; siempre debe prevalecer el interés superior de la niñez”, sostuvo.
Finalmente, reconoció que existen retos importantes en la coordinación entre juzgados familiares y penales.
“Cuando ya hay una custodia y después se presenta un tema penal, surgen vacíos en la comunicación entre juzgados; son retos que debemos seguir analizando, aunque los procedimientos procesales son materia federal”
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