Trabajadores del sector turístico en Tequila, Jalisco, realizaron una manifestación en la plaza principal del municipio para denunciar presuntas prácticas irregulares durante la pasada administración municipal; durante la protesta, los guías de turismo rompieron y arrojaron chalecos de color guinda frente al palacio municipal, como acto simbólico de rechazo a una medida que consideraron obligatoria.
Los manifestantes señalaron que dichos chalecos eran impuestos por el entonces alcalde Diego Rivera como una forma de control administrativo dentro del sector turístico local.
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De acuerdo con los denunciantes, el chaleco funcionaba como una señal visible de que los trabajadores habían pagado una cuota exigida para poder ejercer su actividad.
Indicaron que cada chaleco tenía un costo de 250 pesos, cantidad que debían cubrir de manera obligatoria para recibir la prenda.
Además, explicaron que también se les exigía el pago de 800 pesos adicionales para obtener el gafete que los acreditaba como guías turísticos.
Los trabajadores afirmaron que el uso del chaleco no era opcional y que su entrega se realizaba bajo presión administrativa durante la gestión municipal anterior.
La movilización se llevó a cabo la mañana de este viernes y reunió a diversos prestadores de servicios turísticos del municipio.
En entrevistas con medios locales, los participantes señalaron que la detención del alcalde les ha permitido expresar inconformidades que antes no se atrevían a denunciar.
Afirmaron que ahora se sienten con mayor libertad para exigir condiciones más justas dentro del sector turístico de Tequila.
Ayer, jueves 5 de febrero, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención del presidente municipal de Tequila como parte de un operativo coordinado.
La acción se enmarcó en un despliegue federal para la aprehensión de tres presidentes municipales en distintos puntos del país.
El funcionario también dio a conocer la detención de tres servidores públicos del ayuntamiento de Tequila.
Entre los detenidos se encuentran el director de Seguridad Pública, el titular de Catastro y Predial y el encargado de Obras Públicas.
Este viernes, un juez de control ordenó prisión preventiva justificada contra el alcalde Diego “N” y otros dos funcionarios municipales.
La medida se aplicó también a Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública, y a Juan Gabriel “N”, titular de Catastro y Predial.
La audiencia se realizó en el Centro Federal de Readaptación Social conocido como el Altiplano.
Durante la diligencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba relacionados con presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro.
En el caso del alcalde y del director de Catastro, se les acusa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro agravado.
Al director de Seguridad Pública se le imputan cargos por delincuencia organizada con fines similares.
La Fiscalía General de la República argumentó que el alcalde contaba con recursos suficientes para evadir la justicia, por lo que solicitó la prisión preventiva.
Será el próximo martes cuando se determine si los detenidos son vinculados a proceso o liberados por falta de pruebas.
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