Un presunto caso de agresión contra un menor de edad, ocurrido el pasado 1 de diciembre durante un evento infantil en Monclova, ha desatado una fuerte denuncia ciudadana. La familia afectada acusa que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha incurrido en omisiones graves al dar prioridad a una contraquerella, dejando en el olvido la denuncia original por el golpe recibido por el niño.
Juan Manuel Carlos, abuelo del menor, relató que el conflicto inició cuando una mujer, identificada como la abogada Bety Reyna, presuntamente golpeó al infante en el rostro tras una disputa entre niños. A pesar de la gravedad, señalan que la Fiscalía General del Estado ha mostrado un trato desigual, favoreciendo a la parte acusada debido a sus presuntos vínculos con el Foro de Abogados local.
Irregularidades en la Fiscalía General del Estado
Según el testimonio de los afectados, el personal de la Fiscalía General del Estado se negó inicialmente a integrar las pruebas médicas. “El médico legista no quiso levantar el acta de lesiones del niño golpeado”, precisó Carlos. Ante esta negativa, acudieron con un pediatra particular, el Dr. Samuel Ramos, quien certificó lesiones en el rostro y brazo, pero el Ministerio Público inicialmente rechazó incluir dicho reporte en la demanda.
De acuerdo con los protocolos de atención a víctimas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, todas las denuncias que involucren a menores deben seguir un proceso de protección prioritaria, situación que la familia asegura no se ha cumplido en este caso.
Proceso de mediación y falta de justicia
Actualmente, Olga Lilia Alvarado, esposa de Juan Manuel, enfrenta un proceso de mediación por una reparación del daño que oscila entre los 10 y 15 mil pesos. Esto se debe a que ella intervino para defender a su nieto durante la agresión. La familia critica que la querella en contra de la señora Alvarado avanzó con una rapidez inusual dentro de la Fiscalía General del Estado, mientras que la investigación por la agresión al menor permanece estancada.
Finalmente, los denunciantes manifestaron que, aunque están dispuestos a cubrir el monto económico para evitar mayores problemas legales, no cesarán en su exigencia de justicia. Hacen un llamado a los titulares de la Fiscalía General del Estado para que se garantice una actuación imparcial y se investigue a fondo la agresión física que sufrió el menor de edad.