Las diputadas y los diputados que integran los grupos parlamentarios de la Alianza Coahuila, conformados por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, presentaron una iniciativa de reforma para fortalecer los mecanismos legales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en beneficio de niñas, niños y adolescentes en el estado.
La propuesta fue presentada con la ponencia de la diputada Luz Elena Guadalupe Morales Núñez ante el Congreso del Estado de Coahuila, y plantea modificaciones a diversas disposiciones de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, así como a la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila, la Ley del Notariado del Estado de Coahuila y la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila.
El objetivo central de la iniciativa es garantizar que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso oportuno y efectivo a sus derechos alimentarios, es decir, a todo aquello que resulta indispensable para su desarrollo, como alimentación, vestido, vivienda, educación, salud y recreación
De acuerdo con los legisladores, negar o retrasar el cumplimiento de estas obligaciones representa una vulneración directa a los derechos fundamentales de la niñez y constituye una forma de violencia económica que afecta su bienestar y su futuro.
La iniciativa busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, particularmente con lo relacionado al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el propósito de evitar que las personas obligadas a proporcionar pensión alimentaria evadan sus responsabilidades.
Entre las principales modificaciones se establece que una persona será considerada deudor alimentario moroso cuando incumpla con sus obligaciones alimentarias por un periodo mayor a dos meses o sesenta días naturales, continuos o discontinuos.
En esos casos, la autoridad judicial ordenará su inscripción en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, el cual será administrado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila
Además, el registro estatal deberá actualizar y compartir mensualmente la información correspondiente con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el fin de mantener un control actualizado de las personas que incumplen con estas responsabilidades.
La reforma también contempla nuevas obligaciones para diversas autoridades y actores institucionales.
Por ejemplo, las y los oficiales del Registro Civil deberán consultar el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias antes de autorizar matrimonios o pactos civiles de solidaridad, con el fin de informar a las personas contrayentes si alguno de ellos se encuentra inscrito como deudor alimentario moroso.
Asimismo, los notarios públicos deberán solicitar un certificado de no inscripción en dicho registro antes de protocolizar actos o negocios jurídicos que impliquen la transmisión, creación, modificación o extinción de derechos reales
Este certificado deberá ser emitido con una antigüedad no mayor a diez días y deberá integrarse como parte de la documentación del acto notarial correspondiente.
La iniciativa también otorga a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la facultad de solicitar ante la autoridad judicial la inscripción de personas en el registro cuando incumplan con convenios de pensión alimentaria derivados de procesos de mediación o conciliación.
Los legisladores señalaron que estas reformas buscan fortalecer la coordinación entre instituciones y establecer mecanismos claros que impidan la evasión de responsabilidades alimentarias.
Finalmente, destacaron que colocar en el centro de la legislación los derechos de niñas, niños y adolescentes es un acto de justicia que permitirá garantizar mejores condiciones de igualdad, seguridad y bienestar para este sector de la población
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