El caso de fraude cometido por Osvaldo Lucio Carmona, ex empleado de la UCD Nacional, continúa generando polémica tras confirmarse que enfrentó dos procesos legales en agravio de la organización, los cuales concluyeron con resoluciones que acreditan su responsabilidad.
Ni los videos sin sustento ni la campaña de desinformación emprendida en plataformas digitales lograron alterar el curso de la justicia, que con base en pruebas y procedimientos legales terminó por esclarecer los hechos.
De acuerdo con una investigación de NRT México, el conflicto se remonta a 2022, cuando se detectaron irregularidades en el manejo de recursos al interior de la organización. Al ser descubierto, Lucio Carmona reconoció los hechos y firmó un pagaré, lo que derivó en un juicio mercantil.
Tras el proceso correspondiente, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Monclova emitió una sentencia por 430 mil pesos, dentro del expediente 141/2024, con resolución definitiva 2013/2024.
Sin embargo, los antecedentes no frenaron una nueva conducta. Tiempo después, se detectó un segundo robo, incluso de mayor cuantía, ahora en la oficina de la organización ubicada en el municipio de Múzquiz, Coahuila, donde el acusado habría aprovechado nuevamente la confianza depositada en él.
Documentos en poder de este medio refieren que este hecho derivó en la denuncia penal 123/2023, presentada por el representante legal de UCD Nacional A.C., dando paso a un nuevo procedimiento. En este caso, Osvaldo Lucio Carmona también terminó por asumir los señalamientos en su contra y solicitó un acuerdo reparatorio para evitar la continuación del proceso penal.
Como parte de dicho acuerdo, el ladrón confeso se comprometió a reparar el daño económico ocasionado, ofreciendo inicialmente un vehículo Chevrolet Beat modelo 2020 como anticipo, además de establecer pagos mensuales hasta cubrir el monto total.
Paralelamente a los procesos judiciales, el acusado impulsó una estrategia en redes sociales mediante la difusión de videos, mensajes y publicaciones en las que buscaba presentarse como víctima, incluyendo contenidos señalados como difamatorios e incluso intimidantes contra representantes de la organización.
En diversas ocasiones, intentó influir en la percepción de afiliados mediante la difusión de contenido digital; sin embargo, los procedimientos legales y su propio reconocimiento de los hechos evidenciaron lo contrario.
Las resoluciones judiciales fueron contundentes. Tanto en la vía mercantil como en el ámbito penal, las actuaciones confirmaron la responsabilidad del exempleado en ambos casos, dando la razón a la organización.
Así, pese a los intentos de presión mediática y desinformación, el tiempo y la ley terminaron por imponerse, respaldando a quien desde un inicio fue víctima de estas conductas.