El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas respondió a las críticas emitidas por el Gobierno de México respecto a su informe reciente. Su presidente, Juan Pablo Albán, aclaró que el análisis no se limita a un periodo específico, sino que revisa la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad.
El posicionamiento surgió después de que autoridades mexicanas cuestionaran el contenido del documento. El Comité explicó que ha mantenido comunicación constante con el Estado mexicano durante varios años.
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Por ello, el informe integra información acumulada y datos recientes sobre personas desaparecidas. Esta perspectiva busca ofrecer un panorama amplio y continuo del problema.
De acuerdo con el documento, más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en México hasta febrero de 2026. Esta cifra, que continúa en aumento, refleja la dimensión del fenómeno a nivel nacional. El organismo internacional señaló que su objetivo es analizar tendencias y contribuir a la atención del problema desde un enfoque de derechos humanos.
En el debate público reciente sobre la decisión adoptada por el Comité contra la Desaparición Forzada #CED @UNTreatyBodies bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, considero importante aportar…
— Juan Pablo Albán (@JuanPablo_Alban) April 6, 2026
El presidente del Comité también defendió el carácter institucional del organismo. Explicó que los órganos de tratado forman parte del sistema de la ONU y fueron creados por los propios Estados. Sus integrantes son elegidos por los países miembros, aunque actúan con independencia en sus decisiones. Esto garantiza que sus evaluaciones se basen en criterios técnicos y normativos.
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