Región Carbonífera, Coahuila.- El incumplimiento de pensiones alimenticias se ha convertido en una problemática creciente que afecta directamente a niñas y niños en la región, donde al menos seis de cada diez padres no cumplen con esta obligación, reveló el licenciado David Rodríguez en entrevista.
El especialista advirtió que esta situación no solo representa una falta legal, sino que constituye violencia familiar en su modalidad económica, al vulnerar un derecho fundamental de los menores.
De acuerdo con Rodríguez, este escenario es cada vez más frecuente tras procesos de divorcio o separación, donde se establece una pensión alimenticia por orden judicial.
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De cada diez casos, seis incumplen con esta responsabilidad, lo que obliga a las madres a iniciar procesos legales para exigir el cumplimiento de un derecho básico como la alimentación, salud y bienestar de sus hijos.
El abogado explicó que cuando existe una resolución judicial y esta no se cumple, se configura un delito que puede ser denunciado como violencia familiar en su modalidad económica.
Este proceso puede derivar en consecuencias penales, incluyendo la privación de la libertad para el deudor alimentario, en caso de comprobarse el incumplimiento reiterado.
Uno de los argumentos más comunes es la falta de trabajo; sin embargo, aclaró que esta condición no exime a los padres de su responsabilidad.
El derecho del menor a recibir alimentos está por encima de la situación laboral del obligado, por lo que el incumplimiento sigue siendo sancionable.
En muchos casos, las mujeres deben recurrir a denuncias, convenios legales y procedimientos judiciales que en ocasiones se repiten debido al incumplimiento constante.
Este proceso implica acudir a instancias como el Ministerio Público y centros de atención a la mujer, lo que representa un desgaste emocional y económico.
El alto número de casos ha generado mayor carga de trabajo en las autoridades encargadas de atender este tipo de denuncias, principalmente en la Región Carbonífera.
El incumplimiento de pensiones alimenticias se ha convertido en una problemática social que impacta directamente en la calidad de vida de los menores.
Más allá de un tema legal, se trata de una responsabilidad que, al ser ignorada, obliga a la intervención de las autoridades y deja en evidencia una situación que continúa en aumento en la región.