La destrucción y saqueo registrados recientemente en una cueva de Cuatro Ciénegas no quedarán impunes, advirtió Francisco Aguilar Moreno, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila
De acuerdo con el funcionario, la ley establece sanciones de hasta 10 años de cárcel para quienes resulten responsables de estos delitos contra el patrimonio nacional.
“Estamos hablando de dos delitos: destrucción y saqueo. Ambos están tipificados y las sanciones van de 3 a 10 años de prisión, además del ejercicio de las sanciones económicas correspondientes”, explicó Aguilar Moreno
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Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, la cual lleva a cabo las investigaciones para dar con los responsables
“Parece que sí pudiera haber algunos sospechosos, las pesquisas avanzan”, comentó el delegado.
La afectación se produjo en un predio privado, donde anteriormente se permitía el acceso de turoperadores, situación que ya fue suspendida para evitar futuros incidentes
Aguilar Moreno enfatizó que, aunque se trata de propiedad privada, el valor histórico y cultural de las piezas es incalculable.

“Cuando me preguntan cuánto cuesta el patrimonio, yo respondo: el día que no lo tenemos, es cuando más nos cuesta”, sentenció.
Para evaluar los daños y definir el costo de la restauración, se cuenta ya con un dictamen de una restauradora especializada en conservación de patrimonio gráfico rupestre
Sin embargo, Aguilar subrayó que lo más importante no es el costo económico, sino la pérdida patrimonial y cultural que representa para la nación.

Ante los rumores que circularon sobre la existencia de oro o piedras preciosas en el sitio, el delegado del INAH fue enfático: “Oro nunca va a haber
Lo que realmente buscan es revender las piezas, lo cual constituye un delito federal si no se cuenta con los permisos de las instituciones correspondientes”, aclaró
El funcionario recordó que cualquier persona sorprendida robando o en posesión de una pieza arqueológica o paleontológica sin autorización se enfrenta directamente a las penas establecidas por la ley
Cuatro Ciénegas
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