Durante las últimas dos sesiones de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión CIRT se abordaron temas clave relacionados con la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, centrando esfuerzos en defender los intereses del sector ante propuestas que afectaban el ejercicio de la libertad comercial, los derechos laborales y los procesos administrativos. Rolando Andrée González Michelena, vicepresidente y representante del Consejo Consultivo de la CIRT delegación Coahuila, explicó que los temas se han trabajado en cuatro ejes: legislativo, contenidos, administrativo y electoral.
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En el ámbito legislativo, detalló que la CIRT logró detener una propuesta que pretendía incluir en el contrato ley a trabajadores de plataformas digitales como redes sociales y páginas web.
“La defensa fue clara: una cosa son nuestras concesiones y otra muy distinta el trabajo digital. Estamos buscando un mejor concepto de lo que es ser un trabajador digital para que no se incluyan en el contrato ley”, señaló.
En cuanto a la regulación de contenidos, explicó que hubo un fuerte intento de prohibir el uso de la imagen, voz o participación de artistas, deportistas e influencers en anuncios, además de regular fuertemente productos como refrescos y comida chatarra.
“Todo esto afectaba directamente la libertad comercial. La CIRT se opuso y esas reglas fueron detenidas; por ahora no hay fecha para que entren en vigor”, apuntó.
Sobre el tema administrativo, González Michelena destacó un acuerdo con autoridades fiscales que permite a los concesionarios tener un margen de respuesta antes de ser sancionados por omitir tiempos oficiales.
“Se notificará con 48 a 72 horas de anticipación, y tendremos derecho de audiencia. Incluso si el tiempo no se transmite en el momento exacto, se recomienda emitirlo después para mantener el derecho de réplica”, explicó
Añadió que la RTC comenzará revisiones aleatorias para verificar el cumplimiento.
Finalmente, sobre el proceso electoral, informó que la CIRT logró reducir de 48 a 24 minutos los tiempos oficiales durante esta elección. “No es un proceso electoral normal, es más bien una consulta ciudadana. Nuestra obligación es dar tiempos a partidos, no a candidatos ciudadanos. Este precedente nos protege en futuras consultas que podrían saturar la programación todo el año”, concluyó
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