El Congreso del Estado de Coahuila aprobó por unanimidad dos reformas al Código Municipal. Estas fueron impulsadas por el diputado Gerardo Aguado, con el propósito de consolidar un sistema de justicia cívica más eficiente y cercano a la ciudadanía en los municipios.
Las modificaciones, que impactan los artículos 102 y 378, establecen la obligación de que cada municipio cuente con juzgados especializados en justicia cívica. Estos deberán adecuarse de acuerdo con su densidad poblacional y necesidades sociales.
Esta medida busca que, sin importar si se trata de localidades grandes, medianas o pequeñas, se garantice un modelo de justicia ágil, moderno y adaptado a los tiempos actuales.
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Gerardo Aguado explicó que la creación de juzgados cívicos no debe verse únicamente como la instalación de nuevos órganos jurisdiccionales. Más bien, debe concebirse como la construcción de un sistema integral de justicia municipal.
Dicho modelo contempla la realización de audiencias públicas, la participación activa de la ciudadanía, y la actuación policial con enfoque de proximidad. Además, incluye la aplicación de sanciones alternativas, como el trabajo comunitario, en sustitución de multas o arrestos administrativos.
El legislador subrayó que en varios municipios del estado ya existen jueces cívicos. Sin embargo, carecen de un marco regulatorio completo e integral que les permita desempeñar todas sus funciones. Esto debe hacerse bajo los lineamientos del Modelo Homologado de Justicia Cívica.
Con estas reformas, se pretende dotar de certeza jurídica tanto a autoridades como a ciudadanos, evitando procedimientos arbitrarios o inconstitucionales que pudieran debilitar el sistema
Asimismo, se estableció que los reglamentos municipales en materias como tránsito y vialidad, seguridad pública, y medio ambiente deberán armonizarse con los principios de la justicia cívica. También deberán hacerlo los reglamentos sobre alcoholes, limpieza, y bandos de policía y gobierno.
El objetivo es contar con una normatividad coherente que respalde las atribuciones de los juzgados. Esta debe facilitar la resolución de conflictos de forma pacífica y eficiente.
Aguado destacó que la justicia cívica debe entenderse como una herramienta que no solo sanciona conductas. Además, busca fortalecer la convivencia social y la cultura de la legalidad en los municipios.
“Se trata de prevenir, de educar y de generar condiciones de paz y orden, donde las sanciones tengan un sentido positivo para la comunidad”, enfatizó.
Finalmente, el Congreso resaltó que estas reformas abren la puerta a una mayor coordinación entre autoridades locales e instituciones públicas. También involucran a la sociedad civil y al sector privado, con el fin de construir municipios más seguros, participativos y respetuosos de la ley.
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