La diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 235 Bis a la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza. Esto tiene el objetivo de garantizar una mayor protección patrimonial durante los procesos de divorcio
La propuesta busca evitar abusos y prácticas fraudulentas que suelen agudizarse en este tipo de procedimientos y que afectan principalmente a las mujeres.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2024 se registraron 161 mil 932 divorcios en México. Esto equivale a 33.3 separaciones por cada 100 matrimonios, de los cuales casi el 90% se resolvió por vía judicial
. Este fenómeno no solo implica cambios en la vida personal y emocional de quienes lo enfrentan. Además, genera tensiones patrimoniales que, de no atenderse oportunamente, vulneran derechos presentes y futuros de las partes involucradas.
Fraustro Dávila subrayó que, históricamente, los retos en la división equitativa de bienes han tenido un mayor impacto en las mujeres. Ellas, por factores culturales y sociales, suelen tener una menor participación en la administración de los bienes familiares o carecen de acceso directo a información financiera.
“Esta desigualdad estructural coloca a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica que pueden derivar en abusos”, señaló.
La legisladora recordó que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reporta que el 70% de las mujeres de 15 años y más en México han sufrido alguna forma de violencia en su vida. Además, el 39.9% de ellas la ha sufrido dentro de una relación de pareja
Entre las mujeres separadas, divorciadas o viudas, la incidencia de violencia económica y patrimonial se incrementa de manera considerable.
Estudios internacionales muestran que, tras un divorcio, los ingresos de las mujeres suelen disminuir entre un 23% y 40% durante el primer año. Su nivel de vida se reduce en un 45%, mientras que en el caso de los hombres la reducción es de apenas el 21%.
En Coahuila, el contexto refleja esta problemática: la entidad ocupa el quinto lugar nacional en tasa de divorcios, con 3.12 separaciones por cada mil habitantes mayores de 18 años
Lo que significó 7 mil 185 divorcios en 2024. Además, el 32.3% de las mujeres ha sufrido violencia económica o patrimonial en el estado.
El proyecto de decreto establece que, una vez presentada la propuesta de divorcio, la autoridad judicial competente deberá decretar de oficio las medidas provisionales necesarias para evitar perjuicios a los bienes de ambos cónyuges.
Esto se realizará sin importar el régimen matrimonial.
Asimismo, se ordenará a ambas partes presentar un inventario de sus bienes.
También se solicitará la anotación preventiva en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila o en cualquier institución análoga sobre las propiedades a su nombre.
Con esta iniciativa, la diputada busca fortalecer la certeza jurídica y proteger a las personas, especialmente a las mujeres, durante un proceso de alta vulnerabilidad emocional y económica.
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