El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez presentó ante el Congreso del Estado dos iniciativas de reforma constitucional que buscan fortalecer derechos fundamentales de la ciudadanía: la educación y la vivienda.
Ambas propuestas fueron registradas durante la Sexta Sesión del Segundo Periodo y colocan a la entidad en sintonía con compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
En primer término, Jiménez Salinas planteó una reforma para consolidar el derecho a la educación como un pilar esencial del desarrollo humano y social.
La iniciativa busca que la enseñanza sea pública, universal, gratuita, laica e inclusiva en todos sus niveles, garantizando que cada persona en Coahuila tenga acceso a una formación de calidad
“La educación no solo transmite conocimientos, sino que transforma vidas, reduce desigualdades, fortalece la justicia social y consolida la democracia”, señala el documento entregado al Congreso.
La propuesta también reconoce el papel central de maestras y maestros como protagonistas de la transformación educativa, garantizando su formación, capacitación y actualización constante.
El proyecto incorpora además la corresponsabilidad de madres, padres y tutores para asegurar que niñas, niños y adolescentes concluyan su educación obligatoria, reforzando la cohesión social.
Con ello, se busca que el derecho a aprender esté acompañado de un compromiso compartido que permita construir nuevas generaciones mejor preparadas.
Por otra parte, el mandatario estatal presentó una segunda iniciativa con impacto social de gran relevancia: la reforma al artículo 173 de la Constitución local, para que el derecho a la vivienda ya no se reconozca únicamente a las familias, sino a cada persona.
Actualmente, el texto constitucional establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”. Con la propuesta de Jiménez, se plantea sustituir esa redacción por:
“toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada”, ampliando así el alcance del derecho y garantizando que nadie quede excluido por su situación civil o estructura familiar.
La iniciativa subraya que el concepto de “vivienda adecuada” implica mucho más que contar con un techo: debe incluir seguridad en la tenencia, servicios básicos, infraestructura en buen estado, accesibilidad, ubicación apropiada y adecuación cultural.
Además, se retoman estándares internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obligan a los estados a garantizar la efectividad de este derecho.
Con ambas propuestas, el Gobierno de Coahuila busca sentar bases sólidas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
“Una sociedad democrática debe garantizar que cada persona, sin importar su situación, tenga acceso a un espacio digno donde desarrollarse y a una educación que abra oportunidades”, sostuvo Jiménez Salinas en la exposición de motivos.
De aprobarse, las reformas entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
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