La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, lamentó profundamente el fallecimiento de un menor ocurrido dentro de una escuela. Señaló la necesidad urgente de revisar el programa federal que destina recursos directamente a los padres de familia para obras de infraestructura educativa. Esto se hace sin la supervisión técnica adecuada que garantice la seguridad de las construcciones.
Morales Núñez explicó que, aunque el programa tiene como propósito mejorar las condiciones de los planteles, su diseño actual deja en vulnerabilidad a los directivos escolares y a los propios padres de familia. Ellos terminan asumiendo responsabilidades que no les corresponden.
Recordó que en años anteriores no existía ninguna obra que se ejecutara sin supervisión previa. Las reglas de operación exigían la intervención de personal técnico calificado. Esto permitía asegurar la calidad y seguridad de cada estructura.
La diputada lamentó que actualmente el programa funcione sin estos controles. Pese a los apoyos federales, se realizan construcciones dentro de las escuelas sin la debida revisión.
Señaló que ha tenido conocimiento de varios casos en Saltillo. En ellos, padres y maestros han solicitado ayuda para retirar estructuras mal construidas que ponen en riesgo la integridad de los alumnos.
“He visto casos donde las obras quedaron mal y nadie responde; Bienestar deja solos a los padres y a los maestros”, afirmó.
Morales Núñez consideró que la tragedia reciente debe servir como una llamada de atención para replantear el modelo de operación de este programa.
Dijo que, si bien las familias actúan con buena fe al buscar mejoras para sus escuelas, el gobierno federal debe garantizar que las obras cumplan con especificaciones de seguridad. Además, deben ser supervisadas por personal especializado.
“Por unos pesos mal invertidos se pierden vidas. No se trata de culpar, sino de corregir y prevenir”, subrayó.
Finalmente, la legisladora anunció que estará en contacto con las autoridades educativas estatales. Buscará revisar las reglas de operación del programa y proponer los cambios necesarios. Se debe permitir limitar o regular las obras dentro de los planteles, priorizando en todo momento la seguridad de los alumnos. También se debe asegurar la correcta aplicación de los recursos públicos.
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