La diputada local Claudia Aldrete lanzó un llamado directo y sin rodeos a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para frenar los abusos sistemáticos de las empresas de autotransporte federal de pasajeros que, año tras año, incumplen la ley y niegan descuentos obligatorios a adultos mayores, estudiantes y maestros durante el periodo vacacional de diciembre.
La legisladora exhortó a ambas dependencias federales a implementar campañas inmediatas de información y operativos de vigilancia, con el objetivo de garantizar que se respeten los descuentos establecidos por la normatividad vigente, los cuales oscilan entre el 25 y el 50 por ciento, dependiendo del sector beneficiado.
Aldrete subrayó que, en el caso de las personas adultas mayores, el descuento del 50 por ciento no es una concesión ni una promoción temporal, sino un derecho plenamente reconocido por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y confirmado por la propia Profeco. Sin embargo, este derecho es ignorado de forma reiterada por empresas que priorizan la ganancia sobre la legalidad.
La diputada denunció que, cada periodo vacacional, se repite el mismo patrón de abusos: empresas que inventan pretextos, aplican criterios arbitrarios y engañan a los usuarios para evadir los descuentos.
Entre las prácticas más comunes se encuentran falsas afirmaciones como que el “límite de beneficiarios por unidad ya se agotó”, la supuesta suspensión temporal de descuentos, la negativa a aplicarlos en fines de semana o el rechazo injustificado de credenciales oficiales de estudiantes y maestros.
Estas irregularidades, advirtió, impactan directamente el bolsillo de las familias, pero golpean con mayor dureza a estudiantes y adultos mayores, muchos de los cuales terminan varados en las centrales camioneras, obligados a pedir dinero adicional a sus familiares o incluso a recurrir a traslados inseguros para poder regresar a casa
Claudia Aldrete fue enfática: la omisión de las autoridades federales permite que estos abusos continúen. Por ello, insistió en que Profeco y la SICT deben pasar de los comunicados a la acción, con inspecciones reales, sanciones ejemplares y una difusión clara de los derechos de los usuarios.
“Los descuentos no son un favor, son un derecho, y quien los niegue debe enfrentar consecuencias”, sentenció la legisladora.
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