La diputada local de la UDC, Zulmma Guerrero, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación y la Ley Estatal de Salud de Coahuila, con el objetivo de garantizar de manera expresa, permanente y gratuita el acceso a insumos de gestión menstrual en escuelas y centros de salud públicos del estado.
La propuesta parte de una realidad ineludible: en Coahuila, más de 630 mil mujeres y adolescentes se encuentran en edad menstrual, y cerca del 18 por ciento vive en condiciones de pobreza moderada o extrema, lo que limita su acceso a productos básicos como toallas sanitarias, tampones o copas menstruales.
Esta carencia no es menor, pues impacta directamente en el ejercicio de derechos fundamentales como la educación, la salud y la dignidad humana
De acuerdo con estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y de organizaciones especializadas, una de cada cuatro niñas y adolescentes falta a la escuela durante su periodo menstrual, ya sea por no contar con insumos adecuados o por la falta de infraestructura sanitaria.
Esta situación genera rezago educativo, estigmatización y exclusión, perpetuando desigualdades de género que afectan especialmente a quienes viven en contextos de mayor vulnerabilidad.
La legisladora subrayó que, actualmente, la normatividad estatal no establece una obligación clara y permanente para que el Estado garantice estos insumos de manera gratuita.
En la práctica, esto deja el acceso a la menstruación digna sujeto a la capacidad económica de las familias o a decisiones administrativas discrecionales, lo que profundiza la desigualdad social.
La iniciativa plantea pasar de un enfoque declarativo a un modelo operativo y exigible, alineado con los principios de progresividad, universalidad e igualdad sustantiva. Además de la entrega gratuita de insumos, se propone fortalecer la educación menstrual integral, así como mejorar la infraestructura sanitaria en espacios públicos, especialmente en escuelas y centros de salud.
Zulmma Guerrero enfatizó que la menstruación digna debe ser reconocida como un derecho humano, no como un privilegio. Garantizarla, dijo, no solo reduce brechas de desigualdad, sino que también contribuye a la permanencia escolar, la salud pública y el bienestar de miles de mujeres y adolescentes en el estado.
Con esta reforma, Coahuila daría un paso firme hacia una política pública con enfoque de derechos, colocando la equidad y la dignidad humana en el centro de la acción legislativa.
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