Coahuila. — En un mensaje contundente sobre la disciplina y el desempeño de los cuerpos de seguridad del estado, el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que este viernes se desarrollará una reunión estatal de alto nivel para analizar el funcionamiento de las corporaciones policiales y evaluar la actuación de cada uno de sus elementos.
El encuentro reunirá a representantes de los 38 municipios, comandantes de las distintas regiones, mandos de la Policía Estatal, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y delegados de seguridad. Según explicó el fiscal, se hará un balance amplio del trabajo realizado durante el último año, con especial atención en el cumplimiento de protocolos, resultados operativos y conductas indebidas.
Fernández Montañez adelantó que la revisión no será únicamente administrativa, sino que se buscará determinar si existen casos en los que proceda la remoción de personal, ya sea por incumplimiento de funciones, negligencia, abuso de autoridad o comportamientos que comprometan la confianza ciudadana.
“El análisis será directo y sin excepciones. Como en cualquier empleo, quienes no hicieron su parte tendrán consecuencias y quienes abusaron de su posición deberán enfrentar la responsabilidad que les corresponda”, expresó.
Aunque insistió en que la gran mayoría de los policías realizan su labor con profesionalismo, el fiscal recordó que ya se han procesado bajas por mal desempeño en distintas zonas del estado. En el caso particular de la Fiscalía, indicó que en el último año han sido separados menos de cinco elementos y en el área de Ministerios Públicos menos de cuatro.
El titular de la dependencia reiteró que Coahuila mantiene una línea estricta frente a los abusos policiales. Señaló que estas conductas, aunque minoritarias, deben ser combatidas con firmeza para proteger la confianza ciudadana y garantizar que las corporaciones sigan siendo funcionales y confiables.
“Los casos aislados no representan a todas las corporaciones, pero tampoco pueden permitirse ni minimizarse”, puntualizó.
Durante su intervención, Fernández Montañez abordó otro tema de relevancia: la entrada en vigor de la nueva Ley General para Combatir la Extorsión, la cual está siendo armonizada con la legislación estatal con apoyo del Congreso de Coahuila.
Explicó que esta ley moderniza el marco jurídico al facilitar la configuración del delito, permitiendo iniciar investigaciones incluso sin denuncia directa, a partir de reportes o datos oficiales. Además, endurece el castigo para quienes incurran en esta conducta, contemplando penas que van de seis años hasta más de 40 años de prisión, particularmente cuando el caso involucra agravantes o se vincula con estructuras criminales.
El fiscal aclaró que las sanciones no están dirigidas únicamente contra grupos delictivos, sino también contra particulares que cometan actos de extorsión en cualquiera de sus modalidades, incluyendo amenazas, cobros ilegales o exigencias económicas mediante intimidación.
Si bien reconoció que la extorsión no representa actualmente un problema generalizado en la entidad, Fernández Montañez aseguró que la armonización de la nueva ley busca enviar un mensaje claro y preventivo:
“En Coahuila no se tolerará la extorsión. Cualquier persona, sea quien sea, enfrentará la ley.”
Añadió que la implementación de esta legislación fortalecerá la capacidad del estado para actuar de manera más rápida y firme contra este delito.
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