La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó formalmente al Gobierno Federal la condonación de créditos fiscales y gubernamentales de Altos Hornos de México, con el fin de garantizar recursos suficientes para el pago de finiquitos tras la subasta de AHMSA.
Mario Coria Rohell, presidente de Coparmex Monclova, señaló que el principal interés del organismo empresarial es que el proceso del concurso mercantil y la venta de activos se desarrollen bajo un marco de estricta legalidad y transparencia para beneficio de la región Centro de Coahuila.
Transparencia en el proceso de subasta de AHMSA
El dirigente empresarial afirmó que la claridad es fundamental para eliminar la incertidumbre que rodea el desenlace del concurso mercantil. Según Coria Rohell, es vital que tanto el Gobierno Federal como el del Estado faciliten estrategias que atraigan a inversionistas serios a la subasta de AHMSA.
Uno de los puntos críticos señalados es la deuda histórica que la siderúrgica mantiene con instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el IMSS, Infonavit, Pemex y la CFE. El líder empresarial advirtió que, si estos adeudos se cobran de forma prioritaria, el capital obtenido no será suficiente para cubrir las liquidaciones pendientes.
Prioridad a trabajadores y proveedores regionales
Coria Rohell subrayó que los recursos obtenidos mediante la subasta de AHMSA deben beneficiar, en primer término, a los trabajadores sindicalizados y de confianza. No obstante, recordó que existe un sector de la iniciativa privada local que ha quedado en la ruina tras el cese de operaciones de la acerera.
“Empresas proveedoras y pequeños negocios tienen su patrimonio comprometido desde hace años”, explicó el titular de Coparmex. Aunque no existe un censo exacto de los negocios afectados, el impacto económico se describe como devastador para el comercio y la inversión en Monclova y sus alrededores.
Finalmente, el organismo exhortó a las autoridades a actuar con total apego a la ley durante la subasta de AHMSA, dejando en manos de los inversionistas la revisión técnica de la convocatoria para asegurar que no existan condiciones sesgadas que afecten el proceso final.