Este lunes venció formalmente el plazo para la recepción de cartas de intención de los inversionistas interesados en participar en la subasta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA). Este paso representa un avance crítico en la ruta legal para la venta de activos bajo los concursos mercantiles 77/2022 y 19/2023.
De acuerdo con el calendario del Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles, el proceso se mantiene bajo estricta secrecía, por lo que no se ha revelado el número exacto ni la identidad de los grupos empresariales que buscan adquirir la siderúrgica.
Etapas clave en la subasta de AHMSA
Tras el cierre de la recepción de documentos, el proceso entra en una fase de preclasificación que se llevará a cabo del 11 al 14 de febrero. Durante estos días, un especialista revisará que los interesados cumplan con los requisitos financieros y técnicos para avanzar en la subasta de AHMSA.
El objetivo primordial es asegurar que los participantes cuenten con la solvencia necesaria para no solo adquirir los activos, sino para garantizar la reactivación de las unidades productivas en la Región Centro de Coahuila.
Notificaciones y resolución de impugnaciones
El próximo 16 de febrero se notificarán los resultados de la preclasificación. Los inversionistas que no resulten favorecidos tendrán hasta el 19 de febrero para presentar impugnaciones. La resolución definitiva de estos recursos deberá quedar lista para el 23 de febrero, brindando certeza jurídica a la subasta de AHMSA.
Posteriormente, el 25 de febrero será la fecha límite para que los seleccionados presenten sus garantías de seriedad, un requisito indispensable para entrar a la puja final por los bienes de la empresa y su subsidiaria MINOSA.
Fecha de la audiencia final y expectativas
La audiencia de la subasta de AHMSA está programada para el jueves 27 de febrero. En esta sesión se darán a conocer las posturas económicas definitivas que determinarán el futuro de la planta y de los más de 14 mil trabajadores que aguardan el pago de sus finiquitos.
Se espera que la resolución de este conflicto legal detone un repunte financiero en Coahuila, permitiendo la reactivación de contratos con proveedores y la normalización de las operaciones industriales tras años de parálisis financiera.