El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, fijó un posicionamiento firme respecto a la figura de la violencia vicaria
Durante la Sesión del Pleno en su carácter de Tribunal Constitucional, donde por unanimidad se acordó enviar un exhorto al Honorable Congreso del Estado para analizar técnicamente el diseño normativo de esta figura contemplada en el Código Penal de Coahuila.
Durante su intervención, subrayó que la violencia vicaria no surgió de manera improvisada, sino como respuesta a una realidad que busca dañar a las mujeres en contextos de violencia de género mediante la instrumentalización de hijas e hijos.
Sin embargo, señaló que el diseño actual ha generado tensiones al configurarse de manera indistinta, apartándose de la finalidad protectora que le dio origen.
El Magistrado Presidente destacó que el Poder Judicial de Coahuila ha asumido compromisos concretos en materia de protección a las mujeres y cumplimiento de tratados internacionales.
Recordó que fueron pioneros en la creación de juzgados especializados en violencia familiar, reconociendo que no todos los conflictos pueden atenderse con las mismas herramientas.
No obstante, puntualizó que el trato diferenciado en favor de la mujer no exime de responsabilidad ante conductas ilícitas, ya que la igualdad ante la ley implica obligaciones para todas las partes.
En ese sentido, insistió en que la violencia vicaria debe mantener su esencia y evitar confusiones con otras conductas ya previstas en la legislación.
Mery Ayup fue enfático al señalar que el eje rector debe ser el interés superior de la niñez como principio jurídico vinculante para todas las autoridades.
“Las niñas y los niños no pueden convertirse en instrumentos procesales”, sostuvo, al advertir que las denuncias falsas, sin importar su origen, perjudican directamente a las infancias al colocarlas en escenarios de conflicto.
Asimismo, dejó claro que los tribunales no están para auspiciar venganzas familiares ni prolongar disputas personales que dañen a menores de edad.
Reafirmó que la responsabilidad del Poder Judicial es proteger a las familias en cualquiera de sus configuraciones y garantizar justicia con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos.
Finalmente, reiteró el compromiso institucional de juzgar con perspectiva de género, con enfoque en derechos de niñas, niños y adolescentes, y con pleno respeto a los derechos humanos.
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