Denuncian omisión de PROFEPA ante clausura de zoológico en Arteaga por maltrato

Tras la clausura del zoológico “El Ranchito Safari” en Arteaga, la titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (PROPAEC), Claudia Elvira Rodríguez Márquez , y el diputado local Jorge Valdés Flores , acudieron a la delegación de la PROFEPA en Saltillo. El objetivo fue entregar un oficio solicitando la intervención federal ante el estado de los animales en exhibición, entre ellos un león, un tigre y un lobo.

El documento, dirigido al delegado Mario Alberto Guerrero Madriles , solicita que la PROFEPA dé cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas, verifique la posesión legal de las especies y supervise el plan de manejo de la UMA. Durante la diligencia del lunes, se confirmará la presencia de un ejemplar de tigre, un león y un águila, entre otros animales.

Competencia federal El diputado Valdés Flores explicó que acudió a las 9:00 horas del martes para informar a la autoridad federal sobre la diligencia y solicitar que tomen cartas en el asunto. Precisó que, aunque el Estado puede sancionar por el mal estado físico, el aseguramiento de las especies le corresponde a la federación.

“Es un problema que está vigente, es un delito que está en flagrancia, pero las autoridades estatales no pueden hacer más que sancionar por el mal estado físico… ya el tema de hacerse cargo de las especies le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente auxiliado de la PROFEPA”, señaló.

Postura de la autoridad federal El legislador lamentó la actitud del personal de la dependencia federal, quienes, según manifestó, no están dando la importancia debida al caso bajo el argumento de saturación administrativa.

“La respuesta que nos dieron no sabemos si enojarnos o reírnos, nos dijeron: ‘lo vamos a checar porque traemos mucha carga de trabajo’. Nosotros pensamos que el tema del zoológico es prioridad… no sabemos qué tienen ellos que esperar para constituirse”, agregó Valdés Flores.

Finalmente, se informó que las sanciones a los propietarios podrían oscilar en un millón cien mil pesos . El destino final y la reubicación de los animales serán determinados por la autoridad federal, mientras las instancias estatales mantienen el seguimiento para garantizar el bienestar de las especies.

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