El diputado Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, junto con las diputadas y diputados que integran los Grupos Parlamentarios “Alianza Coahuila” del PRI, PAN y PRD, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Vivienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de armonizarla con la reciente reforma a la Constitución local que reconoce el derecho humano de toda persona a una vivienda adecuada.
La propuesta busca convertir en realidad el mandato constitucional impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante la incorporación de criterios jurídicos claros que orienten el diseño, la evaluación y la aplicación de las políticas públicas de vivienda en beneficio de las familias coahuilenses, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
“La presente reforma constituye un paso necesario para que el mandato constitucional vigente en Coahuila encuentre plena correspondencia en su legislación secundaria y se traduzca en mejores condiciones de vida para las presentes y futuras generaciones de coahuilenses”, expuso el legislador en la iniciativa.
Uno de los cambios más relevantes consiste en sustituir en toda la Ley de Vivienda el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, alineando la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
La iniciativa establece que una vivienda adecuada debe cumplir con siete elementos fundamentales: accesibilidad para grupos vulnerables, adecuación cultural, asequibilidad económica, disponibilidad de servicios básicos e infraestructura, habitabilidad, seguridad jurídica sobre la tenencia y una ubicación cercana a oportunidades de empleo, educación, salud y otros servicios esenciales.
“La vivienda adecuada no implica únicamente contar con una construcción física; implica generar condiciones que permitan bienestar, seguridad y desarrollo para las familias”, señala el documento presentado ante el Congreso.
Además, la propuesta incorpora como principios rectores de la política estatal de vivienda la equidad y la inclusión social, con el objetivo de garantizar que todas las personas tengan acceso a una vivienda adecuada sin distinción por razones de género, edad, condición económica, discapacidad, origen, religión o cualquier otra condición.
Otro de los cambios relevantes obliga a que los programas estatales de vivienda contemplen de manera ordenada los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, considerando las necesidades reales de la población y fortaleciendo la participación de los sectores público, privado y social.
Asimismo, la reforma redefine el concepto de Política Estatal de Vivienda para establecer que todas las acciones, programas y lineamientos deberán promover el acceso efectivo a una vivienda adecuada, en coordinación con los municipios y en congruencia con la Política Nacional de Vivienda.
Ángel Mahatma Sánchez sostuvo que armonizar la legislación permitirá brindar mayor certeza jurídica tanto a las instituciones como a las familias beneficiarias, además de fortalecer la planeación de las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
“Armonizar la Ley de Vivienda no sólo implica actualizar conceptos jurídicos; significa consolidar un modelo de desarrollo centrado en la dignidad humana, fortalecer la seguridad jurídica de las familias y reafirmar el compromiso de nuestro Estado con la progresividad de los derechos humanos”, concluye la iniciativa
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