A casi 18 años del asesinato de la chef saltillense Elisa Loyo Gutiérrez en Filipinas, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá reabrir la investigación del caso, luego de que su familia obtuviera un amparo que ordena revisar nuevamente las indagatorias bajo una perspectiva de género.
La resolución deriva del juicio de amparo 1480/2022 y de su revisión 07/2024, resuelta por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. Con ello, la FGR deberá retomar las investigaciones que, de acuerdo con la familia de la víctima, no fueron realizadas de manera diligente ni conforme a los estándares nacionales e internacionales para investigar las muertes violentas de mujeres.
Elisa Loyo fue asesinada el 23 de diciembre de 2008, a los 25 años de edad, cuando trabajaba como subchef en el Hotel Fontana Leisure Park & Casino, en Pampanga, Filipinas. Desde entonces, su madre, Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello, ha sostenido que su hija fue víctima de un homicidio y no de un suicidio, como concluyeron las autoridades filipinas al cerrar la investigación.
Durante más de 17 años, la familia ha denunciado presuntas omisiones por parte de autoridades de Filipinas, México y Canadá, al considerar que no se realizó una investigación exhaustiva con enfoque de género. La joven trabajaba en Filipinas después de concluir sus estudios de gastronomía y hotelería en Canadá, país donde residía su familia.
De acuerdo con la madre de Elisa, las autoridades filipinas habrían presentado el caso como un suicidio para proteger la imagen del hotel donde ocurrieron los hechos y evitar afectaciones durante la temporada navideña. Asimismo, ha señalado como principal sospechoso a quien era jefe de su hija, Malek Elsafadi.
El próximo lunes, la familia ofrecerá una conferencia de prensa en Saltillo, acompañada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, para informar los alcances de la resolución judicial.
Tras una campaña impulsada en febrero para solicitar la resolución del amparo, los efectos de la sentencia fueron notificados a la Fiscalía General de la República, institución que ahora deberá realizar las diligencias que, según la familia, fueron omitidas durante años.
La reapertura del caso también podría implicar la participación de las autoridades de Filipinas, al tratarse del país donde ocurrió el crimen y donde originalmente se llevaron a cabo las investigaciones.
En 2022, la entonces Procuraduría General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal, resolución que ahora deberá revisarse a partir del fallo emitido por el Poder Judicial Federal.
¡NRT México ya tiene aplicación! Descárgala en la App Store o Play Store para mantenerte actualizado con las noticias más importantes de Coahuila y todo México.