El diputado local Felipe González presentó un punto de acuerdo para solicitar a autoridades federales reforzar la vigilancia sobre instituciones educativas particulares que condicionen a las familias la compra de útiles, uniformes, calzado, libros y otros materiales escolares con proveedores específicos, al advertir que estas prácticas pueden representar un golpe adicional a la economía familiar durante el regreso a clases.
La propuesta plantea exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que fortalezcan las acciones de vigilancia, información y protección de madres, padres y tutores. Además, solicita la intervención de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) cuando se detecten elementos que pudieran constituir prácticas anticompetitivas.
González señaló que cada nuevo ciclo escolar representa un desembolso considerable para las familias, especialmente para quienes tienen hijos inscritos en instituciones particulares, pues además de colegiaturas e inscripciones deben cubrir gastos relacionados con útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas, libros, materiales didácticos y actividades deportivas.
De acuerdo con estimaciones de PROFECO y CONDUSEF citadas en el punto de acuerdo, el gasto promedio durante esta temporada puede alcanzar hasta 10 mil pesos por estudiante, cantidad que puede multiplicarse considerablemente cuando una familia tiene dos o más hijos en edad escolar.
El diputado advirtió que año con año se presentan casos en los que instituciones educativas particulares condicionan la inscripción o la prestación del servicio educativo a que determinados productos sean adquiridos exclusivamente con proveedores previamente establecidos por la propia escuela.
Esta práctica, sostuvo, restringe la libertad de las familias para comparar precios y buscar mejores alternativas, además de que puede obligarlas a pagar cantidades superiores a las existentes en otros establecimientos.
González recordó que PROFECO estableció en su Guía de Regreso a Clases 2026 que ninguna institución particular puede obligar a las familias a comprar útiles, uniformes o materiales escolares en un establecimiento específico, debido a que esa conducta constituye una condición de venta que puede ser denunciada y sancionada
También destacó que en junio la Suprema Corte confirmó la competencia de PROFECO para atender reclamaciones relacionadas con servicios educativos privados, reconociendo la existencia de una relación de consumo entre las instituciones particulares y las personas que contratan sus servicios.
El legislador aclaró que la propuesta no busca confrontar a las escuelas particulares ni cuestionar la educación privada, sino establecer reglas claras y garantizar que las familias conozcan y puedan ejercer plenamente sus derechos como consumidores.
“No se trata de atacar a las instituciones educativas particulares ni de cuestionar la educación privada. Se trata de garantizar que las reglas sean claras, que exista información suficiente, que haya vigilancia y que las familias puedan tomar decisiones libres e informadas dentro del marco jurídico aplicable”, señaló
Felipe González consideró necesario que las autoridades incrementen la información disponible para que madres y padres conozcan qué prácticas pueden denunciar y cuáles son sus derechos al momento de contratar servicios educativos.
Asimismo, planteó que la Comisión Nacional Antimonopolio intervenga cuando existan indicios de acuerdos o condiciones que puedan afectar la libre competencia y limitar las opciones disponibles para los consumidores.
“Proteger al consumidor también significa proteger la economía familiar. Defender la competencia también significa defender la posibilidad de elegir. Y garantizar información clara significa proporcionar a las familias herramientas para tomar mejores decisiones”, puntualizó
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